La Fiscalía de la Audiencia Nacional en España solicita para el Coronel Inocente Montano, 30 años de prisión por cada uno de los cinco jesuitas españoles asesinados el 16 de noviembre del año 1989, dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Además la justicia española pide que a Montano se le despoje de todos los «honores» militares.
El Coronel Inocente Montano era en 1989 viceministro de Seguridad Pública de El Salvador uno de los cuadros fuertes de la denominada «Tandona» (promoción de oficiales de ultraderecha que ocupó puestos clave en el Ejército salvadoreño durante la Guerra Civil; 1980-1992).
Montano fue extraditado en 2017 desde Estados Unidos para que se le juzgue en España por por el asesinato de los Padres Jesuitas de la UCA. En España el exviceministro de Seguridad de El Salvador reconoció ante un juez que efectivamente asistió a la reunión de la cúpula militar en la que supuestamente se planeó la masacre, en su defensa el Coronel dijo que «no escuchó nunca esa orden».
En ese momento el jefe de las Fuerzas Armadas era el expresidente Alfreo Cristiani, a quien hasta ahora se le ha eximido de responsabilidades en el asesinato de los Jesuitas, sin embargo ha reconocido que las decisiones que tomaban los militares no eran consensuadas, sino que «respondían a la cadena de mando».
La matanza ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el Centro Pastoral de la UCA en San Salvador.
Uno de los fallecidos fue el rector de la Universidad, el sacerdote Ignacio Ellacuría, opositor abierto al Gobierno de Cristiani.
Los otros cuatro sacerdotes asesinados fueron los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró.
En el ataque fueron asesinados además el sacerdote salvadoreño Juaquín López, fundador de la Universidad y estrecho colaborador de los Jesuitas así como Elba Ramos y Celina Ramos quienes eran las empleadas domésticas del Centro Pastoral.
