La remoción de cargos públicos continuó con la sustitución de funcionarias quienes haciendo valer sus «influencias» lograron cargos de dirección en los pasados Gobiernos del FMLN, obteniendo salarios onerosos en instituciones del Estado.
Unas de las funcionarias que se removió fue Irma Mejía Mejía, nuera del expresidente Sánchez Cerén quien tenía el cargo de Directora General de Centros Intermedios por el que devengaba un salario de $2,500 al mes en el Ministerio de Justicia y Seguridad que hoy preside el ministro Rogelio Rivas a quien Bukele pidió que en lugar de la funcionaria se promoviera a un subalterno con verdaderas credenciales para el cargo.
Otra remoción fue la de Sofía Margarita Guardado Sánchez, subdirectora del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) nieta del expresidente Cerén. En este caso el Presidente solicitó al Ministro de Gobernación Mario Durán no contratar reemplazo.
También fue removida de su cargo a Fátima Carolina Sánchez Villalta, hija del ex Presidente Sánchez Cerén, quien ocupaba la plaza de Asistente Técnica del Despacho en el Ministerio de Trabajo. También en este caso la orden del presidente Bukele fue la de no contratar reemplazo y enviar ese monto al ahorro de la institución.