El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, presentó este día ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso de posibles actos de corrupción por parte de ex funcionarios del anterior gobierno en tiendas penitenciarias.
«Hemos identificado algunos indicios de ilícitos en el manejo de los fondos, como por ejemplo obviar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública», manifestó el ministro.
Los ex titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el ex director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, se beneficiaron con más de $14 millones anuales de la administración de las tiendas penitenciarias.
Según las autoridades, la forma en la que se manejaban las 347 tiendas que funcionaban en las penitenciarías «fue ilegal» porque la Asociación Yo Cambio (Asocambio) fue fundada y era presidida por el exministro y violó las leyes de adquisiciones y contrataciones del Estado al recibir sin licitación pública la administración de este mecanismo con el que los reos adquieren diferentes productos en las cárceles.
«El fiscal ha tenido a bien recibir la información. La FGR se va a poner al frente de la investigación como le corresponde, así que esperamos recibir resultados en el corto plazo», dijo Rivas.