El Juzgado Primero de lo Laboral declaró ilegal la huelga que desde hace varios días desarrolla el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (SITRAPEN) en las oficinas de Centros Penales. Dicho Juzgado previene a los huelguistas para que reanuden sus labores al inicio de la jornada laboral del día hábil siguiente de la notificación de la resolución y que se reincorporen al desempeño de sus labores con las jornadas y horarios de trabajo respectivos, bajo pena de sanciones establecida en el Artículo 554 del Código de Trabajo en el que se establece que, vencido el plazo, los trabajadores que sin justa causa no se presenten a sus labores, podrán ser despedidos sin responsabilidad patronal.
Los sindicalistas se muestran inconformes con la designación de nuevas jefaturas en el sistema penitenciario, aduciendo, sin presentar pruebas, «maltrato laboral».
Sin embargo, otros empleados de Centros Penales, denunciaron que los miembros de SITRAPEN, en realidad se tomaron las instalaciones de forma arbitraria, y obligado a los demás empleados a participar de la actividad, la cual no, cuenta con apoyo de todo el personal.
Según las fuentes consultadas, el sindicato en mención no cuenta con el reglamento legal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), ya que no logran reunir los requisitos necesarios para operar.
Este sindicato tiene reporte de haberse constituido en 2012, desde entonces, su secretario general ha sido un comisionado de la Policía Nacional Civil, quien, según la fuente consultada tiene varios reparos, además de no dar cuentas sobre los gastos y compras realizadas en nombre del sindicato.
Por otra parte, los mismos empleados se han quejado, que el sindicato no les permite desafiliarse, y los obligan a pagar una cuota mensual, para formar parte de dicho sindicato. Entre las exigencias que tiene SITRAPEN, es en realidad un aumento de salario del 100%, un bono igual o mayor al salario, así como también el pago de empleados pertenecientes a la ONG denominada ASOCAMBIO, investigada por supuesta corrupción.
El SITRAPEN ha reducido labores en unos seis Centros Penales, oficinas administrativas de centrales y la escuela penitenciaria. La protesta ha afectado la entrega de solvencias penales a la población.
