La Justicia española sentará en el banquillo de los acusados a uno de los artífices de los asesinatos de los padres jesuitas y dos colaboradores, el ex coronel y ex viceministro de Defensa de El Salvador, Inocente O. Montano.
De los seis jesuitas asesinados, cinco eran españoles, ahora la acusación particular y popular reclaman que la pena para Montano se extienda a las ocho víctimas, lo que sumaría un total de 240 años de prisión para el acusado.
Entre los testimonios y pruebas la fiscalí incorporó a 23 testigos incluyendo la de Antonio Rubio, ex subdirector del periódico español, EL MUNDO, y acudirá como testigo a la vista oral ya que publicó el acta del asesinato, la cual fue aceptada y requerida como prueba de la planificación del atentado en el sumario de la Audiencia Nacional de España. (Juzgados).
Dicho documento publicado por EL MUNDO ilustra una conversación entre el coronel Montano y el general Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor de El Salvador, en el que el primero informa de que el “padre Ellacuría está en la UCA” (Universidad Centroamericana, en la que ejercía como rector), y el segundo ordena que “hay que proceder a la eliminación sin testigos”.
Los asesinatos de los jesuitas ocurrieron el 16 de noviembre del año 1989 dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador, en pleno apogeo de Guerra Civil y estuvieron motivados por el sector más conservador del Gobierno salvadoreño, que pretendía acabar con todo rastro de la Teología de la Liberación, de la cual los jesuitas eran sospechosos de formar parte.
Uno de los fallecidos fue el propio rector de la UCA, el sacerdote jesuita, Ignacio Ellacuría, opositor abierto al Gobierno del expresidente Alfredo Félix Cristiani.
Los otros cuatro sacerdotes asesinados fueron los también españoles: Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró.
En el ataque fueron asesinados además el sacerdote salvadoreño Juaquín López, fundador de la Universidad y estrecho colaborador de los Jesuitas así como Elba Ramos y Celina Ramos quienes eran las empleadas domésticas del Centro Pastoral.
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) presentó en 2008 una querella ante la Audiencia Nacional con el objetivo de esclarecer los hechos que llevaron los asesinatos. Montano, por su parte, había huído desde El Salvador a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades norteamericanas aceptaron su extradición a España, donde el ex militar llegó en 2017. Desde entonces, se encuentra en prisión preventiva.
