Se trataba de dos proyectos que mejorarían el servicio de agua potable para 1.5 millones de personas residentes en el Área Metropolitana del Gran San Salvador.
El primero era el proyecto de construcción de un «reservorio» de agua en el municipio de Nejapa y el otro proyecto era el denominado «Río Lempa II», el cual consistía en la construcción de una estación para recoger agua del río, sanearla y bombearla hacia el departamento de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, el gobierno salvadoreño, a través de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, pagó la totalidad de dichos proyectos, pero nunca fueron terminados.
Entre los años 1994 y 2002, Carlos Augusto Perla fue presidente de ANDA, periodo en el que desde la autónoma sucedieron diferentes casos de fraude en contra del Estado.
Carlos Perla y su gerente general, Mario Orellana, al igual que otros 11 funcionarios de ANDA, fueron señalados de recibir «dádivas o sobornos» de parte de contratistas que buscaban la manera de hacer negocio con los fondos del Estado al construir la Estación en Nejapa y el proyecto Río Lempa II.
De acuerdo con las indagaciones fueron más de 8 millones de dólares las que habrían recibido a cambio de beneficiar a ciertas empresas en la adjudicación de licitaciones para los proyectos.
Tras conocer sobre la investigación en su contra, en el año 2003, Carlos Perla, escapó de El Salvador pero, fue capturado en Francia. Tras un largo proceso de extradición, finalmente en el año 2006 regresó al país.
Los abogados de Carlos Perla lograron negociar con las autoridades salvadoreñas la condición de no juzgarlo por delitos cometidos previos al año 2000. Así la fiscalía sólo demostró ante los Tribunales de Justicia que Perla cometió los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, y no hubo señalamientos por los otros dos casos cometidos antes de la fecha fijada tras su captura en Francia .
El expresidente de ANDA, Carlos Perla fue condenado a 15 años de cárcel. Pero en el año 2015, Carlos Perla fue beneficiado nuevamente y logró la libertad condicional por ser mayor de 60 años y por haber cumplido dos terceras partes de su condena, además, alegó que tenía hipertensión y asma.
Gracias a esas negociaciones de sus abogados, Carlos Perla nunca fue procesado judicialmente por la gestión de los dos proyectos que presuntamente mejorarían el servicio de agua potable, cuyo valor ascienden a más de $32 millones.
