Al culmen del año 2020, la crisis de los partidos políticos tradicionales los ha llevado a unirse. Desorientados ante la eminente debacle electoral que, de acuerdo con todos los estudios de opinión obtendrán en el año 2021, los partidos ARENA, FMLN y PDC ahora se mantienen unidos en una lucha por temor a perder sus privilegios.
En la Asamblea Legislativa, los partidos ARENA, FMLN y PDC han consolidado acciones conjuntas con un claro interés de manipular al Gabinete de Gobierno y manchar la imagen de funcionarios que les son incómodos, por los resultados obtenidos con su trabajo.
El Presidente de la República es el único que puede remover o elegir quiénes serán sus funcionarios de Gobierno; sin embargo, los partidos de oposición en el Congreso se han dado a la tarea de decretar interpelaciones, antejuicios y citatorios que, si bien son herramientas legales, están siendo utilizadas con un objetivo político.
Esta maniobra inició a mediados de febrero, con la interpelación a la exministra de Salud, Ana Orellana Bendek, y al expresidente de ANDA, Frederick Benítez, cuando los legisladores de oposición se articularon contra estos funcionarios que dirigían importantes carteras estatales.
De la misma forma, en agosto pasado y durante los días más difíciles de la pandemia, el bloque opositor promovió un proceso de interpelación contra el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, en momentos en que el funcionario se encontraba en tareas de apoyo a la ciudadanía y de reconstrucción tras las tormentas Amanda y Cristóbal.
Este bloque de legisladores procedió de la misma forma contra el director de la Policía Nacional Civil y exviceministro de Seguridad ad honorem, Mauricio Arriaza Chicas, a quien iniciaron un proceso de antejuicio de forma exprés y sin ningún sustento legal, con la intención de desbaratar el Plan Control Territorial y sus excelentes resultados.
Como parte de esa estrategia, la Asamblea también buscó que se iniciara un mecanismo para desaforar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, contra quien han enfilado sus ataques en un evidente propósito de afectar las finanzas estatales, y sin importarles que la población se vea afectada en tiempos de pandemia por la falta de recursos para la emergencia sanitaria.