Las reformas del Código Penal y el Código Procesal Penal, así como de cuatro leyes propuestas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa con el propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población salvadoreña.
La decisión de ejecutar las reformas legales surgió tras la reciente ola de criminalidad provocada por los grupos de pandillas en el país, la cual generó luto y dolor en las familias salvadoreñas ante los constantes homicidios perpetrados en diferentes puntos del país.
Con los cambios en la legislación el Gobierno pretende brindar las herramientas legales necesarias a las instituciones para combatir eficazmente a los miembros de estructuras de pandillas.
Las modificaciones al Código Penal establecen un aumento en el rango de penas para los delitos ejecutados por pandilleros. Uno de esos cambios es el tiempo de castigo para los cabecillas de pandilla, que podría oscilar entre los 40 y 45 años de prisión. Una pena similar se modifica para los financistas de los grupos delincuenciales.
Mientras que a quienes promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones, asociaciones u organizaciones también serán sancionados con la pena de 20 a 30 años de prisión.
También se reformó la Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas, donde se establece que los pandilleros que incurran en los delitos referidos en la ley (posesión, tenencia, cultivo, tráfico y promoción de drogas) pagarán prisión de 20 a 30 años.
Además, en el Código Procesal Penal se eliminan las medidas alternas a la detención para todos los miembros de pandillas. También se establece la creación de medidas de protección para jueces, aplicadores de justicia y testigos en procesos judiciales.
Se hizo además las reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, con un incremento sancionatorio con prisión de 15 a 20 años a personas que formen parte de organizaciones terroristas, y a los que sean cabecillas de estos grupos con 30 a 40 años de cárcel.
