Los retrasos se deben a un cambio aplicado dos meses después de que el presidente Joe Biden asumió el cargo, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza iniciaron la práctica ya abandonada de liberar a inmigrantes rápidamente, con libertad vigilada.
A los inmigrantes se les instruyó reportarse ante una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ser procesados para la cita judicial, labor que antes realizaba la Patrulla Fronteriza.
El cambio evitó el hacinamiento en centros de acoplo como ocurrió en 2019. Pero el costo se hizo evidente cuando los oficiales del ICE designados para entregar las citas judiciales no se daban abasto.
Algunas de las oficinas, ahora le dicen a los migrantes que regresen dentro de varios años, y la labor ha reducido la capacidad del ICE de cumplir con su misión tradicional de aplicar las leyes migratorias en el interior de Estados Unidos.
