Los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el presidente del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) también acudieron a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para brindar insumos técnicos sobre el anteproyecto de Ley Especial Para la Reestructuración Territorial Municipal.
El magistrado presidente de la CCR, Roberto Anzora, expuso que la institución ha detectado que con la estructura actual de las alcaldías se ha hecho un uso inadecuado del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).
Además, se han pagado obras que no han sido ejecutadas, se han entregado insumos agrícolas sin la coordinación del Ministerio de Agricultura y no hay una actualización de los registros contables de los hechos económicos.
“Todos estos hallazgos encontrados en administraciones de alcaldías pasadas se corregirán con la reducción de municipios y se generará un ambiente de gestión municipal más transparente”, aseguró Anzora a los parlamentarios.
A juicio del funcionario, la implementación de la normativa también ayudará a la reducción del gasto, haciendo que los municipios reorienten el dinero en la inversión de proyectos de infraestructura y sociales.
Por otra parte, la propuesta gubernamental de reducir de 262 a 44 el número de municipios garantizará que haya menos burocracia, lo que permitirá mejorar la atención a los ciudadanos y fomentará la transparencia y la rendición de cuentas.
Otros beneficios expuestos por las autoridades del ente contralor al contar con la nueva ley es que se reducirá el riesgo de que se comentan actos de corrupción y que haya despilfarro de los recursos públicos. También generará las condiciones para hacer autosostenibles a los municipios y se evite el endeudamiento desmesurado y desproporcionado que ha habido históricamente.
“Esto permitirá a la Corte de Cuentas minimizar los costos de fiscalización y nos dará la oportunidad de efectuar la auditoría con más calidad, oportunidad y eficacia”, dijo el magistrado Anzora.
La primera magistrada María del Carmen Martínez agregó que con la nueva reorganización de municipios la fiscalización de estos se realizaría como «un todo orgánico», lo que haría más eficiente este proceso porque reduciría costos y tiempos.
«Muchas municipalidades no son sostenibles porque los recursos que les ingresan son insuficientes para sufragar sus gastos, por eso creemos que reducir las alcaldías es una buena oportunidad para aprovechar mejor los fondos y auditarlos», señaló la funcionaria.
Según datos de la Corte de Cuentas, entre 2015 y 2021 se ha cuestionado un monto de $167, 627, 631.91.00 en concepto de patrimonio al sector municipal. Los legisladores afirmaron que la actual estructura administrativa y política del país facilita que haya actos de corrupción.
“No es justo que el funcionario público que maneja dinero del pueblo se lo esté robando. La corrupción que se ha dado en nuestro país durante años nos ha afectado en materia de salud, educación, seguridad y economía”, aseveró el presidente de la comisión, Ernesto Castro.
El diputado manifestó que, para tranquilidad de los ediles que resulten electos en los próximos comicios, si se detecta que hay un faltante de dinero en la administración municipal actual no será el nuevo funcionario quien deberá asumir esa responsabilidad, ya que el robo no se heredará.
Su colega Marcela Pineda añadió que aunque las auditorías se harán en las municipalidades, esto no excluye que se realicen en un distrito, ya que es necesario combatir la corrupción en todos los niveles.
«No estamos para perder más tiempo, ya desaprovechamos 30 años, por eso es necesario que los distritos sean auditados siempre. Queremos avanzar a un ritmo más acelerado y cambiar las malas condiciones del país que nos heredaron», dijo Pineda.
