En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), se han girado 26 órdenes de captura contra dos estructuras delictivas que operaban en el oriente de El Salvador. Las acusaciones incluyen hurto agravado, desarme y comercialización ilegal de vehículos, así como la integración a agrupaciones ilícitas.
La primera de estas estructuras estaba formada por 9 empleados de la empresa Avícola Campestre S.A. de C.V., quienes entre octubre de 2023 y febrero de este año, hurtaron un total de 68,507.91 libras de pollo, valoradas en más de 75 mil dólares. El producto robado fue comercializado en diferentes municipios de Morazán, San Miguel y La Paz. Los capturados en este caso incluyen a José Martín Portillo, Edwin Josué Díaz Argueta, Kevin José Carranza Fuentes, Herberth Arnoldo Salmerón Amaya, Douglas Armando Contreras Benítez, Miguel Ovidio Mejía Silva y Napoleón Wilmer Guzmán Sorto.
En paralelo, se ejecutó la captura de varios miembros de una segunda red dedicada al hurto y desarme de motocicletas, las cuales eran luego vendidas por piezas o utilizadas por los propios delincuentes. Este operativo resolvió 19 casos de hurto registrados entre 2023 y lo que va de este año.
Entre los detenidos por estos delitos se encuentran: José Antonio Fuentes Guevara, Ronald Enríquez Ruiz López, German Alberto Flores, Pedro Ovidio Cabrera Corea, Fernando José Sánchez Renderos, Josué Moisés Rodríguez Romero, Brayan Alberto Aguilar Martínez, Jeferson Zelaya Guevara, José Kelvin Rodríguez y otros. Además, tres individuos ya privados de libertad, Daniel Antonio Valdés Hernández, Adilman Otoniel Martínez y Moisés Alexander Chávez, fueron notificados de los nuevos cargos en su contra.
Las autoridades han realizado allanamientos en 5 talleres y 10 viviendas en las zonas de San Miguel, San Rafael Oriente y Concepción Batres, Usulután, y se espera que el proceso continúe en los próximos días con la presentación de los detenidos ante los tribunales correspondientes.
Este golpe a las estructuras criminales en el oriente del país demuestra el compromiso de las autoridades en combatir la delincuencia organizada y proteger a la ciudadanía. La FGR y la PNC seguirán con las investigaciones hasta desarticular completamente estas redes delictivas.
