Durante décadas, cientos de estudiantes salvadoreños fueron víctimas directas del control y la violencia de las pandillas dentro y fuera de los centros escolares. El presidente Nayib Bukele recordó esa etapa con una afirmación contundente:
“Así eran antes los centros educativos en nuestro país: lugares de reclutamiento de pandilleros”.
Uno de los últimos episodios de esta violencia fue la masacre de cuatro estudiantes perpetrada por pandilleros el 15 de julio de 2021, a solo 500 metros del Centro Escolar Cantón El Anonal, en Turín, Ahuachapán. Este crimen resumió una realidad vivida durante décadas: cientos de jóvenes asesinados, desplazados o desaparecidos, y miles de familias marcadas por la tragedia.
Según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República, entre 2010 y el primer trimestre de 2019 fueron asesinados 481 estudiantes. El año más letal fue 2011, con 139 homicidios estudiantiles, lo que equivalía a casi tres víctimas por semana.
Esa misma cifra fue reconocida en su momento por el entonces presidente Mauricio Funes, quien aceptó públicamente que la mayoría de esos asesinatos estaban “directa o indirectamente” vinculados con las pandillas. Los centros escolares, además, eran usados como espacios de control territorial: en muchos casos, la jornada se dividía entre pandillas rivales y los docentes eran amenazados para no reprobar a sus integrantes.
La violencia también provocó una severa deserción escolar. En 2014, más de 100,800 estudiantes abandonaron las aulas. Un año después, 13,000 jóvenes dejaron de asistir por temor a las pandillas, y otros 15,000 migraron junto a sus familias. En 2015, además, se registraron 72 asesinatos en escuelas y una caída de 55,000 alumnos en la matrícula oficial.
En 2012, durante la llamada “tregua entre pandillas” avalada por el gobierno de Funes, los criminales incluso ofrecieron públicamente que no agredirían a estudiantes. No obstante, 67 jóvenes fueron asesinados ese mismo año lectivo. Las escuelas eran clasificadas por su nivel de peligrosidad: 340 eran consideradas peligrosas, y 161 de alto riesgo, de acuerdo con gremios de docentes.
Todo esto empezó a cambiar a partir de 2019. Con la implementación del Plan Control Territorial y posteriormente el Régimen de Excepción, los niveles de homicidios y delitos en los centros escolares han disminuido drásticamente. En septiembre de 2022, al cumplirse seis meses del régimen, el presidente Bukele expresó:
“Ya rompimos el círculo vicioso de las pandillas, que asediaban y asesinaban a nuestros estudiantes, pero las razones que crearon ese monstruo aún siguen ahí, y para que no vuelva a crearse debemos invertir en el futuro. Y lo haremos como nunca antes se vio en El Salvador”.
Hoy, las medidas de disciplina implementadas por el Gobierno en los centros escolares responden directamente a esa historia.
“Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse”, afirmó el mandatario.
El compromiso, según Bukele, es irreversible:
“Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El Salvador no la va a repetir, por más que nos critiquen”.
Desde el sector privado también se ha percibido el cambio. En diciembre de 2022, Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, indicó que ahora los padres pueden enviar a sus hijos a estudiar a zonas antes consideradas peligrosas, lo cual, dijo, no era posible antes del nuevo contexto de seguridad.
La transformación del sistema educativo, bajo el actual Gobierno, busca que las escuelas vuelvan a ser lugares de aprendizaje y oportunidades, no de miedo ni reclutamiento. Como lo reiteró el presidente Bukele:
“Hoy, muchas madres lloran a sus hijos que están en las cárceles; otras, a los que están en el cementerio o siguen desaparecidos”.
