El Salvador se ha posicionado como un referente regional en materia de seguridad pública, tras registrar una marcada y sostenida reducción de homicidios durante la administración del Presidente Nayib Bukele. Las estadísticas oficiales y la percepción ciudadana coinciden en una tendencia a la baja que ha transformado el panorama de violencia que por décadas afectó al país.
A casi cuatro años de la implementación del Régimen de Excepción, la medida continúa contando con un respaldo mayoritario de la población, que alcanza el 90 % de aceptación, según diversas encuestas de opinión pública. Este apoyo se sustenta principalmente en la disminución significativa de hechos delictivos, reflejada tanto en los registros oficiales como en la experiencia cotidiana de las comunidades.
Las autoridades reportan que, en los últimos tres años, más de 87,000 presuntos pandilleros han sido capturados como parte de la ofensiva contra las estructuras criminales. La mayoría de estos detenidos enfrenta procesos penales en curso, y para agilizar la carga judicial, el sistema ha incorporado mecanismos como las condenas masivas para integrantes de una misma organización delictiva.
Uno de los casos más emblemáticos se resolvió con sentencias de hasta 472 años de prisión contra 59 pandilleros responsables de un ataque armado contra un autobús en San Miguel en 2021. Además de este hecho, los condenados fueron vinculados a más de una treintena de crímenes violentos, lo que evidenció el alto nivel de operatividad de estas estructuras antes de la ofensiva estatal.
De forma paralela, durante 2025 el Gobierno intensificó el combate contra el narcotráfico, con énfasis en operaciones marítimas. Las incautaciones superaron las 22 toneladas de droga, valoradas en aproximadamente 545 millones de dólares. Estas acciones han contado con el respaldo de Estados Unidos, que fortaleció el equipamiento de las fuerzas de seguridad para mejorar la vigilancia y el control en aguas territoriales.
Las autoridades también han desarticulado estructuras criminales integradas por ciudadanos extranjeros que operaban en el país, dedicadas al hurto de teléfonos móviles en el transporte colectivo y a su posterior comercialización en el mercado ilegal. Según las investigaciones, estas redes mantuvieron operaciones durante al menos cuatro años, utilizando métodos coordinados y vehículos de apoyo para facilitar la huida.
Asimismo, se han detectado delitos poco comunes, como intentos de vulneración de cajeros automáticos, y se desmanteló una red transnacional conformada por más de 540 integrantes, en su mayoría originarios de Colombia, Ecuador, Honduras y Venezuela, quienes utilizaban cuentas bancarias de salvadoreños para ejecutar transacciones fraudulentas.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador acumula 45 prórrogas del Régimen de Excepción, una herramienta jurídica que permitió ampliar las facultades del Estado para enfrentar de forma directa a las pandillas. En este contexto, la tasa de homicidios proyectada al cierre de 2025 se sitúa entre 1.2 y 1.4 por cada 100,000 habitantes, lo que representa una reducción superior al 90 % en comparación con 2015, consolidando uno de los logros más significativos en materia de seguridad en la historia reciente del país.
