El terremoto del 13 de enero de 2001, que dejó más de 1,200 personas fallecidas en El Salvador, no solo expuso la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales, sino que años después derivó en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción política relacionados con la ayuda internacional.
Tras la tragedia, El Salvador recibió apoyo de la comunidad internacional para atender a los damnificados y avanzar en la reconstrucción. Entre los países donantes estuvo Taiwán, que habría entregado alrededor de 10 millones de dólares como ayuda económica al Estado salvadoreño.
Sin embargo, investigaciones fiscales y legislativas establecieron que los fondos taiwaneses fueron entregados directamente al entonces presidente de la República, Francisco Flores, quien gobernaba bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). De acuerdo con los hallazgos, el dinero no ingresó a cuentas oficiales del Estado ni fue administrado mediante mecanismos institucionales.
Las indagaciones señalaron que al menos tres cheques —por montos de 4, 5 y 1 millón de dólares— fueron manejados de forma irregular, sin respaldo contable ni destino comprobado hacia programas de reconstrucción por los daños del terremoto. Parte de esos fondos, según las investigaciones, habrían sido distribuidos a dirigentes del propio partido ARENA, en lugar de llegar a las comunidades afectadas.
El caso tomó relevancia nacional cuando la Fiscalía General de la República acusó a Francisco Flores de peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos, relacionados con el manejo de la donación taiwanesa. Aunque el expresidente admitió haber recibido el dinero, sostuvo que fue utilizado para distintos fines gubernamentales, versión que no pudo ser plenamente documentada.
El proceso penal no concluyó debido al fallecimiento de Francisco Flores en 2016, lo que dejó el caso sin una sentencia definitiva. No obstante, el llamado “caso Taiwán” quedó como símbolo de la falta de transparencia en el uso de fondos destinados a víctimas de una tragedia nacional.
A 25 años del terremoto de 2001, el caso de Francisco Flores sigue siendo recordado como una herida abierta: millones destinados a la reconstrucción terminaron envueltos en irregularidades, mientras miles de salvadoreños enfrentaban la pérdida de familiares, hogares y futuro.
