La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dictaminó a favor de crear la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, con el objetivo de establecer regulaciones especiales e incentivos tributarios para promover la ampliación de operaciones de inversión ya existentes en el país.
El marco legal se aplicaría a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que cuenten con al menos 10 años de operación comprobable en El Salvador y que amplíen su inversión en sectores como textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, farmacéutica, productos para la construcción, papel y derivados.
El presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), Rodrigo Ayala, amplió detalles del proyecto de ley a los legisladores y explicó que la propuesta nace de una demanda reiterada del sector productivo.
“Nosotros estamos de cerca con las empresas, con los inversores y con las personas interesadas y nos damos a la tarea de escuchar. En el trabajo diario, nos decían que existen incentivos para diferentes industrias, pero no para empresas que desean expandirse”, afirmó Ayala.
El funcionario agregó que el principal incentivo que contempla la iniciativa es una tabla de deducciones del impuesto sobre la renta aplicable a ejercicios de expansión empresarial.
Los beneficios fiscales oscilarían entre el 10 % y el 30 %, dependiendo del nivel de crecimiento y del cumplimiento de los requisitos establecidos.
El primer rango establece inversiones entre $1,000,000 y $10,000,000, a las cuales se les aplicaría un crédito tributario del 10 %. El segundo rango corresponde a inversiones entre $10,000,000 y$20,000,000, con un crédito del 20 %. Para las inversiones que superen los $20,000,000 podrán acceder a un crédito tributario del 30 %.
Además, los beneficiarios estarían exentos del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces por la adquisición de inmuebles destinados a la expansión, siempre que se mantengan en uso por un mínimo de cinco años.
Ayala señaló que no menos de 144 empresas ya están a la espera de expandirse en el país, motivadas por el anuncio de esta normativa. Se estima que hasta 3 mil empresas se beneficien de esta ley, siempre que cumplan con los criterios definidos.
El principal factor que destacan las empresas interesadas en invertir en el país es la seguridad, la cual se ha convertido en un elemento clave para la atracción de nuevas inversiones.
“Una de las cosas que más mencionan es la seguridad que se tiene; por eso, quienes piensan en hacer negocios consideran al país como un lugar para establecerse y crecer”, afirmó el titular del INVEST.
El diputado William Soriano destacó la importancia de mantener un diálogo constante con los inversionistas, al señalar que otros países de la región compiten activamente por atraer capital ofreciendo mejores condiciones a las empresas.
“En la medida en que modernizamos nuestras leyes, tendremos una mayor capacidad de competir y atraer inversiones, que es precisamente lo que buscamos”, apuntó.
Además, el diputado destacó que El Salvador cuenta con ventajas clave, como el respaldo del Gobierno y un entorno de seguridad que no hay en otros mercados.
Actividades consideradas como expansión
Para acceder al beneficio, los inversionistas deberán realizar actividades de expansión como la apertura de nuevas líneas de producción, construcción o adquisición de infraestructura industrial y logística, compra de maquinaria y tecnología, creación de centros de investigación y desarrollo, y ampliación de la capacidad productiva. La normativa aclara que estos proyectos no podrán implicar la simple sustitución de activos ni la reducción de las operaciones existentes.
Requisitos y procedimientos
Los interesados en expandirse deberán cumplir con una serie de requisitos, como la presentación de un perfil de inversionista, estar al día con sus obligaciones tributarias y aduaneras y obtener el Acuerdo de Calificación de la inversión de expansión del Ministerio de Economía.
Control y fiscalización
El Ministerio de Economía —a través de la Dirección de Inversiones— y el Ministerio de Hacienda —por medio de la Dirección General de Impuestos Internos— serán los encargados de supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la ley, por medio de inspecciones y controles para garantizar que los beneficios tributarios sean utilizados de manera adecuada y que las inversiones cumplan con las normativas técnicas, medioambientales, tributarias y laborales.
