La Fiscalía General de la República confirmó que los responsables del asesinato de un cabo de la Fuerza Armada enfrentarán un proceso penal riguroso, tras el ataque ocurrido el pasado 6 de febrero en un paso fronterizo no habilitado del distrito de Metapán, durante un operativo legítimo contra el contrabando.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que el hecho atentó no solo contra la vida del efectivo militar, sino también contra la seguridad y la paz pública del país. Detalló que, desde el primer momento, la Fiscalía activó de forma inmediata, técnica y coordinada todos los mecanismos de investigación penal, en estrecha colaboración con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
Como resultado del trabajo fiscal, se logró desarticular una estructura criminal dedicada al contrabando, identificar plenamente al autor material del homicidio y a los colaboradores y facilitadores de la red, quienes ya se encuentran bajo resguardo de las autoridades. Durante el proceso se realizaron inspecciones, allanamientos e incautaciones de vehículos, motocicletas, dispositivos electrónicos y mercadería ilegal.
Delgado indicó que la Fiscalía ha recabado evidencia balística, análisis tecnológicos y financieros, así como declaraciones clave, con el objetivo de sostener un proceso penal sólido. Añadió que las investigaciones no se limitarán únicamente al homicidio, sino que también buscarán despojar a los involucrados de los bienes obtenidos de forma ilícita.
Las personas detenidas enfrentarán cargos por homicidio agravado, cuyas penas oscilan entre los 55 y 60 años de prisión, además de delitos de contrabando y agrupaciones ilícitas, que conllevan penas adicionales. El fiscal reiteró que atacar a un miembro de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil o a cualquier servidor del Estado constituye un ataque directo contra la nación.
Finalmente, la Fiscalía General aseguró que continuará el proceso judicial hasta obtener condenas firmes. Según Delgado, el compromiso institucional es con las víctimas, sus familias y con la sociedad salvadoreña, garantizando que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.
