El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, cuestionó a organizaciones no gubernamentales, juristas y expertos por no denunciar ante instancias internacionales los asesinatos cometidos por pandillas en el país durante casi dos décadas.
Las declaraciones del funcionario fueron difundidas en la red social X luego de que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentara un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se afirma que existiría “base razonable” para considerar que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción vigente desde 2022.
Ante ese planteamiento, Ulloa sostuvo que los delitos de lesa humanidad no prescriben y afirmó que durante los años de mayor violencia criminal en el país murieron miles de salvadoreños a manos de pandillas.
“Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El genocidio se encuentra tipificado como uno de los crímenes más graves contra la humanidad. En El Salvador se cometió un genocidio entre 2009 y 2019, cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños. ¿Por qué los juristas y expertos no lo denuncian?”, expresó el vicepresidente.
Ulloa también cuestionó si quienes ahora presentan denuncias internacionales “seguirán ocultando y cohonestando las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de esos años”, en referencia al período marcado por altos niveles de homicidios en el país.
Las declaraciones del vicepresidente se producen en medio del debate internacional sobre el régimen de excepción aplicado en El Salvador para combatir a las pandillas, medida que ha sido defendida por el gobierno salvadoreño como parte de la estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele.
En ese contexto, Bukele también reaccionó a los señalamientos presentados ante la CIDH, afirmando que algunas organizaciones enfocan su defensa “únicamente” en los derechos de los criminales.
Durante la audiencia ante la comisión, organizaciones como Cristosal, Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso presentaron denuncias relacionadas con el régimen de excepción.
Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, sostuvo que en el país “impera el principio de igualdad ante la ley”, señalando que el hecho de ser defensor de derechos humanos no exime a nadie de responder ante la justicia si comete delitos.
