La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis iniciativas de seguridad, entre las que destaca la denominada Ley Cero Ocio, una propuesta que pretende que las personas privadas de libertad participen obligatoriamente en actividades productivas y de capacitación.
De acuerdo con el proyecto, los reclusos deberán realizar trabajos remunerados, tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios, previa evaluación de sus condiciones psicológicas, psiquiátricas y sociales.
Los recursos obtenidos serían destinados a cubrir parte de su manutención, brindar apoyo a sus familias y contribuir a la reparación de las víctimas.
La iniciativa, identificada con el expediente 25.617, tendría aplicación en todos los centros penales del país y abarcaría a la mayoría de la población penitenciaria.
Las autoridades costarricenses sostienen que la medida busca promover la reinserción social y eliminar el tiempo improductivo en las cárceles.
La propuesta forma parte de una estrategia más amplia de endurecimiento de las políticas de seguridad impulsada por la administración de Laura Fernández, que incluye mayores sanciones contra organizaciones criminales, medidas para combatir la reincidencia y un fortalecimiento de las facultades de los cuerpos policiales.
Fernández ha señalado que el proyecto está inspirado en el Plan Cero Ocio implementado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador y aseguró que su administración busca poner fin a lo que considera una excesiva permisividad en el sistema penitenciario.
“No queremos más vagos en la cárcel”, expresó la mandataria al defender la iniciativa.
La Ley Cero Ocio deberá ser discutida y sometida a votación en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde el oficialismo espera obtener un trámite expedito como parte de su agenda de seguridad.
