El abogado constitucionalista Enrique Anaya criticó la reciente reforma al artículo 248 de la Constitución de El Salvador, que permite aprobar modificaciones constitucionales sin necesidad de ratificación en una segunda legislatura.
Entre las primeras modificaciones que podrían aprobarse bajo este nuevo mecanismo está la eliminación de la deuda política, el financiamiento estatal que han recibido los partidos. Según Acción Ciudadana, entre 2014 y 2024, los partidos políticos han recibido $85.7 millones por este concepto. Anaya desestimó la relevancia de esta reforma y afirmó que se trata de una justificación para implementar otros cambios.
El constitucionalista también criticó el proyecto de Ley Anticorrupción presentado por el Ejecutivo, que obligaría a los funcionarios a declarar sus bienes ante el Ministerio de Hacienda. Aseguró que medidas similares ya existen en la legislación salvadoreña y que el nuevo proyecto solo refleja la persistencia de problemas de corrupción en el país.
