Un total de $191.7 millones recibieron las alcaldías en 2020 para combatir la emergencia por la COVID-19, de estos, según las investigaciones del Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas de la República (CCR), se ha detectado que alrededor de $84 millones no fueron utilizados por las alcaldías para los gastos aprobados.
Según los análisis financieros, ejecutados por ambas instituciones, de las 262 comunas al menos 251 hicieron un mal uso de los fondos destinados en el período entre 2020 y 2021; la mayoría de las alcaldías eran gobernadas por los partidos ARENA y FMLN, unas pocas por el PCN y otro porcentaje inferior por GANA.
Durante la presentación de los resultados de las investigaciones, el exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, detalló que las comunas señaladas invirtieron los fondos en remodelaciones de las alcaldías, pagar fiestas patronales, pagar a proveedores, en salarios y proyectos que no estaban vinculados con la lucha contra la pandemia.
Algunas de las alcaldías denunciadas han sido las del municipio de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, gobernada bajo la bandera de ARENA por Hugo Edgardo Rosales Calidonio; San Antonio Pajonal, dirigida por Wálter Oswaldo Martínez Rivera, del FMLN; Candelaria de la Frontera, gobernada por Janet Rivera de Rivera, del partido ARENA.
La última denuncia recibida por la Fiscalía General de la República (FGR) fue interpuesta el 18 de julio por el alcalde de La Unión, Óscar Parada, quien denunció al exjefe de la comuna Ezequiel Milla (por ARENA) y toda su administración por el mal uso de más de $731,000 de los fondos que Hacienda entregó para atender la pandemia de la COVID-19.
“Hacienda depositó más de un millón [de dólares] a la municipalidad y nosotros tuvimos información externa donde Hacienda auditó ese fondo y más de $731,000 no se pudieron desvanecer, fueron utilizados para fines distintos”, explicó el funcionario.
Los 251 alcaldes y sus concejos municipales denunciados que fungieron entre el 1.º de mayo de 2018 y abril de 2021 podrían haber incurrido en los delitos de actos arbitrarios, peculado (apropiarse de fondos del Estado) y malversación de fondos.
