Policías de la División Élite contra Crimen Organizado (DECO) desmantelaron esta madrugada a una agrupación conformada por 11 personas particulares, de ellos 3 reclusos, y 11 policías en activo dedicada al sicariato, a la que se le atribuye 47 asesinatos por encargo de presuntos pandilleros y delincuentes comunes cometidos en San Miguel y Usulután, en el oriente del país, en diversas fechas.
Los detenidos responden a los nombres de José Romeo Valenzuela, Juan Antonio Beltrán Granados, Miguel de Jesús Pineda Flores, Erlin Noel Bernal Maravilla, José Oscar Rodríguez González, Juan José Castillo Arévalo, Joel Isaac Castillo Arévalo y Víctor Manuel Mejía.
Vidal Antonio Alfaro Flores, Prudencio Mejía Serrano, José Dolores Coreas, David Antonio Chévez Cruz, Pedro Antonio Pineda Bonilla (a) Umo, Roberto Carlos Sorto Cruz, Oscar Ovidio González Claros, Roberto Carlos Cortez Rodas, Edgar Isaac Aparicio Chávez, Noé Benigno Castillo Mejía y Wilfredo de Jesús Serrano Hernández.
Con esta operación las autoridades resuelven 20 homicidios individuales, un quíntuple, un cuádruple, dos triples y seis dobles, además de 18 homicidios agravados tentados, 3 privaciones de libertad, 22 delitos de agrupaciones ilícitas, 4 de coautoría en fraude procesal y 4 de homicidio agravado.
Las víctimas en general de todos los delitos suman 85, es decir 38 pandilleros, 33 colaboradores y 14 víctimas particulares.
El imputado Juan Antonio Beltrán Granados (a) La Virgen es uno de los que financiaba las ejecuciones, quien se entendía directamente con Juan Josué Castillo Arévalo (a) Samurái, expolicía prófugo de la justicia.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Usulután y en el caserío Puerto Parada, del cantón Salinas de dicha comprensión, y en las municipalidades usulutecas de Concepción Batres, San Dionisio, Puerto El Triunfo, Jiquilisco, Santiago de María y San Francisco Javier; y en Nueva Guadalupe y Chapeltique del departamento de San Miguel.
Una primera fase de esta investigación se llevó a cabo el 8 de agosto de 2018 con el saldo de 5 capturas y el decomiso de armas, munición y teléfonos.
Para cometer los delitos, los imputados vestidos como policías y militares simulaban procedimientos oficiales como registros con prevención de allanamiento e ingresaban a las viviendas de las víctimas, las privaban de libertad y posteriormente, utilizando armas de fuego y armas blancas, las asesinaban en otro lugar y, en algunos casos, en la misma residencia.
