El Código Penal sanciona a los funcionarios que no acaten las resoluciones extendidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia considerada como la máxima intérprete de la Constitución de la República.
Así lo recordó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, sobre la obligación de lo jueces electorales en el cumplimiento de la resolución emitida por el máximo tribunal en septiembre de 2021, que permite al Presidente de la República, Nayib Bukele, lanzar su candidatura para un segundo mandato en 2024.
“Creo que cada uno de los magistrados ha sentado su posición en cuanto a resoluciones emanadas de Tribunales superiores se sugiere. Inclusive, en el mismo Código Penal están establecidas sanciones para aquellos funcionarios que no acaten las resoluciones emanadas del máximo tribunal”, declaró Orellana en la entrevista matutina Diálogo con Ernesto López de Canal 2021.
Cabe destacar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio luz verde a través de una resolución de Proceso de Pérdida de los Derechos de la Ciudadanía, que habilitó al Presidente de la República, Nayib Bukele, con la posibilidad de presentarse como candidato para un nuevo mandato en las próximas elecciones del 2024.
De acuerdo a la resolución, la interpretación señala que el permitir la postulación del presidente no implica de “facto” su reelección; es decir, falta la decisión del pueblo para que pueda ejercer la presidencia nuevamente.
«La interpretación que la Sala realiza busca ‘el sufragio libre de influencias indebidas de un candidato o ventajas ilegítimas para un competidor’, pasando por alto que cuando el Presidente de la República en funciones ejerce su cargo en perjuicio del pueblo, lo que se tiene no son precisamente ventajas, sino un escrutinio más profundo sobre su candidatura que sobre el resto de candidatos», reza la resolución de la Sala.
