La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa emitió, este jueves, un dictamen favorable para reformar la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.
Las modificaciones a los artículos 50, 51, y 52 permitirán a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) utilizar $10 millones que le desembolsó el Órgano Ejecutivo, en el Presupuesto General de este año, para beneficiar a los comerciantes que tienen dificultades para obtener un financiamiento en la banca privada.
El dinero será entregado mediante fideicomisos que serán destinados al Programa de Garantía para Micro y Pequeña Empresa (PROGRAMYPE) y al Fondo de Inversión, Calidad y Productividad (FECAMYPE).
Los legisladores explicaron que un millón de dólares se ocupará para hacer un censo de la MYPES, a nivel nacional, que permita tener un registro para que puedan formalizarse. Otros $4 millones serán para el PROGRAMYPE y el resto de dinero se destinará al FECAMYPE.
«Debemos tener un registro actual de cómo está la situación de las MYPES, aun de los que no están legalizados, para poder hacer una distribución adecuada de los fondos», señaló la diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales.
La iniciativa para reformar la normativa fue presentada el lunes anterior, por el titular de CONAMYPE, Paul Steiner, y fue acompañada por los diputados de la bancada cyan.
Ese día, el presidente de la Comisión de Economía, Rodrigo Ayala, señaló que se dispone del dinero, pero no se le ha podido dar a quienes lo necesitan porque no se ha dado la configuración del fideicomiso.
Este planteamiento fue reforzado por su colega, William Soriano, durante la sesión de trabajo, quien celebró que la mayoría de diputados de la Comisión dieran sus votos para emitir el dictamen favorable que será llevado al pleno de la Asamblea la próxima semana.
«Le estamos dando dientes a CONAMYPE porque no podía morder. Hemos tenido mucho atraso, los fondos ya estaban asignados pero ahora se están creando los mecanismos para que la ayuda llegue», destacó el diputado Soriano.
La Comisión de Economía también emitió otros tres dictámenes favorables para dar disposiciones transitorias que beneficirán a las empresas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria.
Una de ellas permitirá la renovación de matrículas de empresas y registros de locales sin que se deban asumir recargos o multas por retrasos en los pagos debido a los efectos económicos causados por la pandemia del COVID-19.
La otra medida transitoria que favorecerá a las empresas es la que facultará a las personas jurídicas para que celebren sus juntas y asambleas generales a través de medios digitales, para prevenir contagios de la enfermedad.
También avalaron que las empresas contempladas en la Ley de Servicios Internacionales, como los call center, puedan desarrollar sus actividades fuera de las instalaciones autorizadas para ello.
