La Defensoría del Consumidor informa a la ciudadanía que ha dado aviso a la Fiscalía General de la República por la posible comisión del delito de estafa en perjuicio de algunos consumidores que pagaron por el servicio de alquiler de ranchos de playa, el cual resultó ser un engaño a la buena fe de las personas afectadas.
De acuerdo con la denuncia firmada por el presidente de la Defensora del Consumidor, Ricardo Salazar, y remitida al Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, la institución identificó estos casos durante las atenciones brindadas a la población en el marco del “Plan Vacaciones Seguras 2022”.
Según la Defensora del Consumidor, algunos consumidores reportaron el engaño después de realizado el pago y cuando buscaron hacer uso de las instalaciones del rancho de playa “los cuidadores de este les manifestaban que dicho inmueble no estaba en alquiler, no era el mismo de las fotografías (que lo promocionaban) o estaba en remodelación”.
En este sentido, la Defensoria del Consumidor advierte que, “las actuaciones de los proveedores que realizan este tipo de acciones representan un menoscabo al patrimonio de los consumidores, que surge a partir del engaño y el aprovechamiento indebido de recursos económicos de particulares, bajo el ofrecimiento de contratos de entrega diferida de arrendamiento de inmuebles”.
Lo anterior, puede constituir un posible provecho económico directo de los proveedores bajo condiciones premeditadas, lo que podría ser constitutivo del delito de estafa, de conformidad con el art. 215 del Código Penal; sobre todo, porque los referidos proveedores han dispuesto ya del dinero de los consumidores sin haber proporcionado las instalaciones del inmueble que fueron ofrecidas para su uso.
De acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor, “cuando en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios y empleados de la Defensoría adviertan la aparente comisión de un delito, el Presidente de la misma certificará la información obtenida y la remitirá a la Fiscalía General de la República”. Esta acción también es tutelada por la Ley de Procedimientos Administrativos en su art. 14, inciso segundo.
La Defensoria del Consumidor hace un llamado a los consumidores afectados a denunciar esta práctica ilícita y se acerquen a sede fiscal en colonia La Sultana, Antiguo Cuscatlán, o solicitar información y asesoría a través del teléfono 910 o WhatsApp 7844-1482.
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