Esta mañana los diputados miembros de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa reiteraron su posición de no dar sus votos para aprobar los US$91 millones solicitados por el Ejecutivo para financiar parte del Plan Control Territorial.
De acuerdo con los legisladores aún tienen ciertas «dudas» que no les permitirán autorizar, para esta semana, la suscripción del contrato de préstamo entre el Gobierno salvadoreño y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el desembolso de los US$91 millones.
«Una semana más se va a atrasar la aprobación de este dinero», afirmó el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, quien preside en dicha Comisión legislativa, en la que al final acordaron citar para la próxima semana al director de la Unidad de Tejido Social del gobierno central, Carlos Marroquín, para que explique un «supuesto» acuerdo para financiar la ejecución de homicidios en el país.
El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele ya ha detallado anteriormente que el Plan de Control Territorial tiene una inversión de US$575 millones de esos ya están disponibles US$375.2 millones provenientes de fondos no ejecutados del Fondo General de la Nación, de la recaudación de la contribución especial para la seguridad, de préstamos ya aprobados y donaciones; y que solo se necesita prestar US$200 millones; de esos US$91 millones ya se han gestionado con el BCIE los cuales serán invertido en la Fase II del Plan que consiste en llevar mejoras de infraestructura a las comunidades en riesgo por violencia social.
«Vamos a ver si la Asamblea Legislativa está de lado del país o los diputados solamente van a hablar tonteras a la televisión. Espero que aprueben el financiamiento para la Fase II del Plan Control Territorial», ha dicho Nayib Bukele.
El Ministerio de Hacienda entregó el pasado 5 de septiembre a la Asamblea Legislativa el proyecto de contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana (BCIE), cuyo directorio preaprobó por unanimidad los US$91 millones de financiamiento para el plan de seguridad del Gobierno de Bukele.
