La superación del veto presidencial al decreto legislativo 807, por parte de los diputados del bloque Arena, Fmln y el democristiano Rodolfo Parker, mantiene viva la intención de estos legisladores de hacer llegar más fondos para sus alcaldes a un poco más de un mes de las elecciones del 28 de febrero.
Este decreto fue aprobado el pasado 24 de diciembre, con la finalidad de que las municipalidades puedan utilizar el 50 % de los recursos destinados para la atención del COVID-19 en otros rubros que ellos consideren necesarios para su funcionamiento.
Esto permitiría que los alcaldes no utilicen los fondos para lo que fueron realmente destinados, sino que puedan desviar dinero para algunas actividades con miras a obtener ganancias de tipo electoral, por lo que el Gobierno ha denunciado que estos partidos buscan crear un fondo electoral para sus alcaldes.
Pero este decreto no solo lleva consigo la reorientación de fondos a discreción de los legisladores, al intentar modificar los destinos de este financiamiento; también tiene vicio de inconstitucionalidad debido a que los diputados no consultaron esta reorientación con el Ministerio de Hacienda, algo que la ley establece con claridad.
Por esas razones, como ha sucedido con decretos similares, el Presidente Nayib Bukele decidió vetar ese instrumento, pero el mismo fue superado por los diputados opositores, provocando un proceso de controversia ante la Sala de lo Constitucional, quien deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del decreto.
Este documento tiene los mismos defectos de origen que los decretos legislativos 800 y 803, también vetados por el Mandatario. En ellos los legisladores buscan desesperadamente trasladarles fondos a sus alcaldes, quienes se han quejado de no poder realizar obras para la ciudadanía con el temor de perder el respaldo de la población.
