Tras recibir denuncias por parte de las autoridades de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte (VMT), la Fiscalía General de la República ejecutó 28 órdenes de captura, luego de realizar una investigación que destapó una red de corrupción conformada por escuelas de manejo, empresas examinadoras y empleados del VMT, quienes cometían ilegalidades en los trámites para obtener licencias de conducir, con el objetivo de obtener beneficio económico.
Esta estructura operaba en los alrededores de SERTRACEN, en San Miguel, donde ofrecían alterar los resultados de pruebas reprobadas, a precios de entre los $800 y $1000 dólares, para la obtención rápida de las licencias de conducir.
Las personas que adquirían estos servicios no se sometía a los exámenes regulados por la ley para obtener licencias de conducir y, en algunos casos, estas personas no sabían leer ni escribir.
“No es solo corrupción. Es sangre en las manos de quienes permitieron que personas sin experiencia manejaran en nuestras calles. Cada examen falsificado, cada licencia vendida bajo la mesa, pudo haber significado un accidente fatal. ¿Cuántas vidas se han perdido por esto? No lo vamos a permitir. Estamos desmantelando estas redes criminales y limpiando nuestra propia casa”, se pronunció el Viceministro de Transporte, Nelson Reyes.