La partida de los gastos reservados de la Presidencia de la República entre los años 2009 y 2018 acumulan más de $500 millones. En el primer Gobierno del FMLN, el expresidente Mauricio Funes destinó $351 millones para «gastos secretos» en su administración, mientras que Salvador Sánchez Cerén acumula $198.5 millones entre los años de 2014 a 2018.
La justificación que el Secretario de Transparencia, Participación y Anticorrupción (STPA), Marcos Rodríguez le da al incremento en el monto de estos fondos es que han existido estrategias para estimular el crecimiento económico del país que han sido efectivas.
«No era lo mismo el presupuesto del año 1992 que ahora y cuando uno hace comparaciones de crecimiento económico no compara los montos, compara los porcentajes», dijo Marcos Rodríguez este miércoles durante la entrevista en canal 10.
El Secretario de transparencia manifestó estar a favor de que se haga una «reforma» a la Ley del Presupuesto» ya que «cada vez que se aprueba un presupuesto se aprueba el Gasto Reservado», dijo.
El actual gobierno se ha resistido a que la Corte de Cuentas de la República, audite el uso de los fondos de gastos reservados del presidente Salvador Sánchez Cerén.
El 22 de junio de 2018, la Presidencia de la República calificó de “secreto de Estado” el uso de los fondos para frenar los intentos de los auditores.
Uno de los argumentos presentados contra la auditoría es que con base en la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) en el artículo ocho establece que (la información sobre los gastos reservados) solo lo va a manejar el presidente de la República y no a otra institución.
«Es impropio alegar que toda la partida reservada de cualquier presidente ha sido corrupción», dice el funcionario del Gobierno del FMLN, Marcos Rodríguez pese a que actualmente la Fiscalía acusa al expresidente Mauricio Funes de usar al menos $10 de los $351 millones de los gastos reservados para comprar propiedades y vehículos; llevar a cabo viajes no oficiales; pagar impuestos a una empresa de publicidad y de depositar dinero público a la empresa de seguridad privada COSASE propiedad de su amigo y financista de campaña Miguel Menéndez Avelar, Mecafé.
