El Salvador oficializó su retiro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), una decisión respaldada por la mayoría legislativa y celebrada como un paso hacia la soberanía y el uso responsable de los fondos públicos. Durante el proceso que concretó la salida, los diputados salvadoreños —en especial los de Nuevas Ideas— fueron enfáticos al señalar que este organismo no brindaba ningún beneficio tangible a la ciudadanía.
La respuesta del PARLACEN no tardó: su Junta Directiva, sin el respaldo de los representantes salvadoreños, emitió un comunicado cargado de reproches, acusaciones y lamentos por lo que consideraron «ofensas» a la institución. Sin embargo, los legisladores dejaron claro que su decisión no responde a ataques infundados, sino al compromiso de poner fin al despilfarro institucional y al uso del organismo como refugio político para personajes cuestionados.
El dinero que por años fue destinado a mantener esa burocracia regional ahora será invertido en obras reales para los salvadoreños. La decisión marca un punto de inflexión: cerrar un capítulo de integración fallida y avanzar hacia un modelo donde los intereses del pueblo están por encima de cualquier privilegio político.
