En la sesión plenaria número 43 de la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República con 58 votos a favor, eliminando así la denominada deuda política. Este mecanismo, que permitía al Estado financiar las campañas electorales de los partidos y coaliciones, quedó fuera de la Constitución después de años de ser un tema de debate. La medida fue impulsada por la bancada de Nuevas Ideas, tras iniciativa del Presidente Nayib Bukele, quienes argumentaron que los recursos destinados a la deuda política deberían reorientarse hacia áreas prioritarias como la salud y la educación.
El presidente Nayib Bukele celebró la aprobación de la reforma y destacó que este cambio era necesario para optimizar los recursos del Estado en áreas fundamentales. A través de su cuenta en X, afirmó: «Pasaron meses reclamando por qué no se eliminaba la deuda política, culpando al gobierno de no hacer las reformas lo suficientemente rápido. Bueno, llegó el día. Hoy se votó para eliminar la deuda política, un cambio que no podía ser inmediato porque estaba en la Constitución y requería un proceso.»
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, resaltó que la reforma respondía a una solicitud popular, señalando que el pueblo salvadoreño fue quien pidió la eliminación de estos fondos. «El pueblo salvadoreño y los hermanos de la diáspora, con 58 votos a favor, queda eliminada la deuda política», expresó en la plenaria, destacando que, hasta ahora, el dinero de la población se destinaba al mantenimiento de los partidos políticos.
El artículo 210, que estuvo vigente desde 1983, reconocía la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos con el fin de promover su independencia y libertad. La reforma fue vista por la bancada de Nuevas Ideas como una forma de utilizar de manera más eficiente los recursos del Estado, destinándolos a sectores que, a su juicio, requieren atención urgente como la salud y la educación.
El voto sobre la eliminación de la deuda política no estuvo exento de divisiones internas. En el partido ARENA, la postura fue dividida: mientras que la diputada Marcela Villatoro votó a favor de la medida, destacando que la deuda política había sido mal utilizada en los últimos años, el diputado Francisco Lira votó en contra. Villatoro, además, aprovechó su intervención para criticar el uso que el actual presidente del COENA (Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA) había dado a estos fondos, señalando que, bajo su administración, la deuda política se había manejado de manera opaca.
Por otro lado, ARENA emitió un comunicado en redes sociales en el que defendió la necesidad de la deuda política, argumentando que este mecanismo es esencial para garantizar la democracia representativa en El Salvador. A pesar de las diferencias internas dentro del partido, la postura oficial de ARENA fue en contra de la eliminación de la deuda política, un tema que generó debate tanto a nivel legislativo como dentro de los partidos tradicionales.
El presidente Nayib Bukele, quien respaldó públicamente la eliminación de la deuda política, reaccionó en su cuenta de X, destacando la demora que, según él, había existido para tomar esta medida. «Pasaron meses reclamando por qué no se eliminaba la deuda política, culpando al gobierno de no hacer las reformas lo suficientemente rápido. Bueno, llegó el día. Hoy se votó para eliminar la deuda política, un cambio que no podía ser inmediato porque estaba en la Constitución y requería un proceso», señaló. Asimismo, agregó: «Y ahora que les toca votar para quitarla, salen diciendo que ya no quieren, que la deuda política es necesaria para la democracia, y todos los inventos que pueden leer en el comunicado que publicaron.»
Con la derogación del artículo 210, se cierra un capítulo de la historia política de El Salvador y se abre una nueva etapa en la que los recursos del Estado serán destinados a otras áreas, reflejando así las diferencias ideológicas y políticas que persisten en el país. La reforma será ratificada en la misma sesión plenaria, un paso importante en el proceso de transformación de la Constitución salvadoreña.
