La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, advierte que el gobierno de Daniel Ortega ha suprimido las condiciones democráticas en su país de cara a las elecciones del 7 de noviembre, según la publicación de BBC News.
En Nicaragua “no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia”. Así lo considera Urrejola, la presidenta de CIDH, organismo que publicó este jueves un informe de la situación del país centroamericano de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
En el documento, la CIDH advierte que el presidente Daniel Ortega quien busca mantenerse en el cargo que asumió desde 2007- ha “instalado un régimen de supresión de todas las libertades” en el que la oposición no tiene cabida.
Pero como era de esperarse, el gobierno nicaragüense ha rechazado los señalamientos, afirmando que la CIDH presenta una “insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos”.
¿Qué es lo que más preocupa a la CIDH sobre Nicaragua, a pocos días de las elecciones en ese país?
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, :Yo diría que lo más preocupante es que estamos ante un proceso eleccionario, en un contexto de una erosión paulatina de todas las salvaguardas democráticas, con concentración de poder y debilitamiento de la realidad democrática, y un contexto de represión, lo que no da garantía de elecciones libres, justas y plurales.
¿Ustedes creen que no es posible celebrar elecciones en Nicaragua en la fecha que está prevista, el 7 de noviembre, en este escenario?
Las elecciones se van a realizar, pero desde la Comisión, desde la gran crisis de derechos humanos del 2018 en adelante, hemos visto un quebrantamiento progresivo del proceso de separación de poderes del Estado y todas las instituciones democráticas. Y sobre todo, un hostigamiento permanente a la oposición, a los defensores de derechos humanos, a la prensa independiente.
Y creemos que no están las condiciones para tener las elecciones con garantías de que sean elecciones libres, transparentes y pluralistas, con acceso a la información de parte de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Y desde esa perspectiva, creemos que esas elecciones no se dan en un contexto mínimo que dé las garantías de que sean elecciones democráticas, como corresponde de acuerdo los estándares interamericanos.
¿Para usted Nicaragua en este momento ha dejado de ser una democracia?
Efectivamente, nosotros entendemos que al no existir una separación de poderes del Estado y con este contexto de clima de represión, creemos que no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia efectiva en un Estado de derecho.
El informe sostiene que “se busca la perpetuación en el poder de forma indefinida” del presidente Ortega. ¿Cuáles son los elementos para esa conclusión?
Obviamente esto es un proceso, no es ahora, como señala el informe. Se hace alusión a lo que ha sido este proceso de concentración de poder, el pacto Alemán-Ortega, la reelección indefinida del presidente Ortega en su momento. Todo esto viene a partir del 2007 en adelante y adquiere mayor impacto con la grave crisis de derechos humanos de 2018.
Y en ese contexto de deterioro hemos visto cómo se ha ido concentrando el poder en el Ejecutivo. Y las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público están alineados con el Ejecutivo. Y esto ha sido un proceso que no ha ocurrido de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso paulatino. Ha habido elecciones, pero la democracia no se agota en las elecciones, sino también en el ejercicio legítimo del poder, desde un marco el Estado de derecho.
Y al no haber Estado de derecho, el propio informe señala un conjunto de leyes aprobadas en el último año precisamente para seguir concentrando poder y perseguir a la disidencia. Y todo eso indica que se han tomado un conjunto de medidas para la concentración del poder y para que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo se mantengan en el poder. ¿De qué manera? Que las elecciones no sean pluralistas.
La Asamblea General de la OEA hace un año reclamó a Nicaragua una reforma electoral para garantizar la limpieza de las elecciones y la CIDH dice que eso no ha ocurrido. ¿Qué esperan con este informe? ¿Qué hechos concretos esperan que cambien?
En primer lugar, nuestro informe tiene por objetivo llamar la atención de la comunidad internacional sobre esta situación ante las próximas elecciones y que la comunidad internacional tenga la información desde la perspectiva de las obligaciones internacionales de derechos humanos que tiene Nicaragua.
Esperamos que tanto el órgano político de la OEA como la comunidad internacional en general, puedan leer el informe y tomar las medidas que correspondan o que tienen a su alcance los distintos órganos internacionales más políticos, como también los distintos países.
En segundo lugar, me parece fundamental el rol de la Comisión de denunciar las violaciones de los derechos humanos, visibilizarlas y ser una voz también de quienes no tienen voz.
Por lo tanto, hemos estado utilizando todos nuestros mecanismos al alcance para para visibilizar esta situación y también para exigir al Estado nicaragüense el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. No creo que el informe llegue tarde. Este informe está en un contexto de otras acciones que ha estado tomando la Comisión, no ahora los últimos meses, sino en los últimos años.
Esto ocurre en un contexto de problemas con la democracia en varios países de América Latina. ¿Ve usted a Nicaragua como un caso especial en este escenario regional?
Yo creo que sí es un caso especial por el contexto. La oposición política está toda detenida. No conozco otro país en la región en que hoy todos los principales representantes de la oposición estén siendo procesados y detenidos para impedirles participar en los procesos electorales.
Hago la excepción respecto de Cuba, que no es una democracia representativa, no tiene pluralidad de partidos. Pero incluso en Venezuela, con todos los cuestionamientos que han hecho la Comisión y los órganos de protección internacional, nosotros estamos viendo que existen partidos de oposición que están en libertad. E incluso hay un diálogo en ciernes con todas las dificultades que hay más allá de la grave violación a los derechos humanos en Venezuela.
Creo que Nicaragua es un caso gravísimo en la región, sin perjuicio de lo cual tengo que señalar la preocupación que tiene la Comisión respecto a distintos hechos que están ocurriendo en la región, en relación sobre todo con el tema de independencia judicial
La Comisión ha manifestado su preocupación respecto a esta situación en distintos países de la región y eso es lo que nos preocupa respecto de Nicaragua, porque no queremos que Nicaragua sea un ejemplo para otros países que, a pesar de tener autoridades electas democráticamente, vean que al final del día los gobernantes no tienen por qué cumplir con sus obligaciones internacionales y pueden terminar deviniendo en regímenes autoritarios.
