El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, inició hoy la audiencia preliminar contra el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, de 45 años de edad, acusado de cohecho activo (soborno) y casos especiales de lavado de dinero y de activos.
La defensa del exdiputado solicitó a la jueza que se diera por terminado el proceso penal porque los hechos acusados por la Fiscalía ya prescribieron debido a que fueron cometidos supuestamente entre los años 2002 a 2006.
Pidieron también que se levante la medida cautelar de inmovilización de los bienes y congelamiento de las cuentas bancarias, pero la jueza del caso no accedió a la pretensión de los defensores y ordenó que siga manteniéndose.
La Fiscalía General de la República solicitó incorporar nueva prueba al dictamen de acusación (investigación final del caso) y pidió modificar el delito de casos especiales de lavado de dinero y de activos a lavado de dinero, pero la jueza resolverá hasta que finalice la audiencia.
El Ministerio Público acusa a Silva Pereira de sobornar a varios alcaldes del oriente del país a cambio de adjudicarles proyectos, obviando los procedimientos que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
El modo de operar del exlegislador era supuestamente pactar con los alcaldes la adjudicación de obras a cambio debían entregarle el 10% del total del monto de la obra.
Los hechos atribuidos al exlegislador supuestamente ocurrieron antes de su elección como diputado, supuestamente un reporte de Operaciones sospechosas (ROS) fue detectado en varias cuentas de sociedades fachadas CED, S.A y Provecom, según la acusación fiscal.
Silva Pereira, habría colocado los fondos en el sistema financiero y lo utilizó para luego adquirir bienes inmuebles, un yate, gastos suntuosos que tenía junto a su esposa. Entre esos bienes se menciona vehículos de lujo que ascienden los $50 mil.
Fiscalía dice que el imputado utilizó también testaferros para no levantar sospechas del origen del dinero ilícito. «Todos los procesos los hizo para legitimar los fondos, pero no lo logró», dijo un fiscal.
