Durante 2025, varios exfuncionarios salvadoreños fueron condenados por delitos relacionados con corrupción, fraude electoral y vínculos con estructuras criminales, según resoluciones emitidas por tribunales de San Salvador y otras jurisdicciones del país.
Uno de los casos más relevantes es el del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien en febrero fue condenado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador a cuatro años de prisión por incumplimiento de deberes, tras comprobarse el impago de cuotas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al fondo de pensiones de los empleados municipales durante su gestión. Posteriormente, en septiembre, el Tribunal Primero de Sentencia le impuso una segunda condena de 18 años de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, vinculados a negociaciones con pandillas en el contexto de las elecciones presidenciales y municipales de 2014 y 2015. Con ambas resoluciones, Muyshondt acumula 22 años de prisión y permanece detenido desde el 4 de junio de 2021. Su defensa ha presentado recursos de apelación en ambos procesos.
En el mismo caso judicial, el tribunal condenó a 28 años de prisión al exministro de Seguridad, Benito Lara, y a 28 años de cárcel al exministro de Gobernación, Arístides Valencia, por los delitos de fraude electoral, con penas de 20 años, y agrupaciones ilícitas, con ocho años. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados, vinculados a los partidos FMLN y Arena, sostuvieron al menos 17 reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, en las que se habrían acordado apoyos electorales a cambio de beneficios. Las investigaciones también establecieron que pandillas coaccionaron a habitantes de diversas comunidades para favorecer a determinados partidos políticos.
Otro proceso relevante se registró en junio de 2025, cuando el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano, a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas. La sentencia impuso seis años de cárcel por el primer delito y cuatro por el segundo, relacionados con impagos a empleados municipales ocurridos entre septiembre y diciembre de 2022.
En agosto, el Tribunal Tercero de Sentencia condenó al exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, a 10 años de prisión por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, en el caso conocido como Rais-Martínez, con cinco años de pena por cada ilícito. Según la FGR, Martínez favoreció a terceros mediante la creación de pruebas falsas en un proceso judicial. Además, en 2024, el exfiscal fue condenado en la vía civil por enriquecimiento ilícito por un monto de 71,736.62 dólares, suma que deberá reintegrar al Estado. En este mismo caso, el exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Adalberto Arriaza González, fue condenado a cinco años de prisión por fraude procesal.
Procesos judiciales pendientes
Entre los casos aún en desarrollo figura el del exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, arrestado en febrero de 2025 por el delito de enriquecimiento ilícito, por un monto superior a los 200,000 dólares en perjuicio de la administración pública. El Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó su detención provisional y envió el caso a la etapa de instrucción. Hasta la fecha no se ha programado audiencia preliminar y el exfuncionario permanece recluido en un penal de la zona occidental del país, en Santa Ana. Chicas ya había sido condenado en noviembre de 2024, en la vía civil, a reintegrar más de 202,000 dólares junto a su núcleo familiar.
Asimismo, continúa el proceso judicial por la masacre de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ocurrida el 16 de noviembre de 1989. En este caso se procesa al expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; al exdiputado Rodolfo Antonio Parker, y a nueve exmilitares, quienes desde noviembre de 2024 fueron enviados a la etapa de juicio. Tras la audiencia preliminar del 18 de noviembre de 2024, el juzgado determinó que existían indicios suficientes para ordenar la apertura a juicio contra los 11 imputados, aunque hasta el momento no se ha establecido fecha para la vista pública.
