La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado que el exsecretario privado de la presidencia, Carlos Antonio Rosales Franco, sea obligado a reintegrar al Estado $309,305.18 dólares.
Esto por no cumplir voluntariamente una condena civil de enriquecimiento ilícito que le fue impuesta el 8 de diciembre del 2022.
La solicitud fue presentada por la FGR ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador.
Las investigaciones contra Rosales iniciaron a raíz de un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en donde no pudo justificar el origen legal del aumento de su patrimonio.
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El imputado laboró como funcionario público durante el 1 de junio del 2004 y el 31 de mayo del 2009, durante el gobierno de Antonio Saca.
