Después de haber creado una Mesa Interinstitucional de Información, conformada por la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, las entidades han estado entregando informes conjuntos acerca de los afectados durante el paro nacional. En el último reporte, entregado este 6 de mayo, aseguran que son 26 los civiles asesinados desde el 28 de abril.
Los organismos detallaron que de esa cifra, siete casos están en proceso de verificación y ocho más no tienen relación con las movilizaciones. Así mismo, indicaron que de los once casos restantes que están comprobados, tres les serán imputados a miembros de la Policía Nacional.
Acerca de este punto se refirió el inspector General de la Policía Nacional, general Jorge Ramírez Aragón, quien reiteró que la Policía no está relacionada a la mayoría de asesinatos reportados por los organismos estatales. El uniformado responsabilizó a la violencia que se ha visto en la última semana en el país.
“Los once casos a los que hace referencia la entidad obedecen a que en esos lugares en los que fueron reportados los fallecimientos había una intervención de la Policía, pero eso no quiere decir que sea la Policía la responsable de esas muertes”, afirmó el general Ramírez.
Por otra parte, en este mismo informe se reporta que 145 colombianos que participaron en las movilizaciones están presuntamente desaparecidos. Los organismos realizaron una depuración y aseguraron que lograron ubicar a 55 de estas personas, por lo que la Policía Judicial está pendiente por verificar un total de 90 personas.
También hay que decir que de esta cifra de personas, 19 se habrían desaparecido en Bogotá, información que desmintió la misma Alcaldía de Bogotá. La Secretaría de Gobierno asegura que los ciudadanos que aprecian en el listado emitido por la Fiscalía y la defensoría fueron detenidos por “alteraciones de orden público”. Así mismo, aseguraron que había personas que aparecen reportados dos veces.
Las autoridades de Bogotá aseguran que la mayoría de personas fueron conducidas a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación de Usaquén, Puente Aranda y Kennedy. Esta información, según la alcaldía, fue verificada con los Puesto de Mando Unificado que monitorea las manifestaciones y del que hace parte la Defensoría del Pueblo.
Este error de información hizo que la Alcaldía de Bogotá llamara la atención a los organismos del Estado. Argumentaron que, por lo menos, la Defensoría participa de manera permanente en los Puestos de Mando Unificado de la ciudad, por lo tanto tiene acceso directo a la información de todo lo que ocurre en las manifestaciones y pueden consultar en tiempo real los reportes de personas detenidas. Esto permite contrastar las denuncias que tengan, para determinar si hay desaparecidos o no.
“El Distrito hace un llamado a todas las entidades del Estado para que haya mayor rigurosidad y precisión en la información de desaparecidos o fallecidos presentados a la ciudadanía, en el marco de la movilización social Cualquier reporte entregado por las instituciones, sin la debida verificación, genera desinformación y pánico en la ciudadanía. El actual momento por el que pasa el país requiere recuperar la confianza de la comunidad en las instituciones y generar espacios de reconciliación”, finalizó el comunicado.
Cabe mencionar que, las cifras de la Mesa Interinstitucional no solo difieren con las de la alcaldía, sino también con las de la organización no gubernamental (ONG) Temblores. En cuanto a las víctimas de violencia homicida por parte de la Policía, entre el 28 de abril y las 10:00 a.m. del 6 mayo la ONG reporta 37 casos, es decir, 11 más de los registrados por las entidades estatales.
