El personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades salvadoreñas alcanzaron un acuerdo a nivel de personal en la primera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés), aprobado en febrero de 2025. Además, finalizaron la discusión correspondiente a la Consulta del Artículo IV de 2025, centrada en fortalecer las perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo.
“El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y depende de la implementación de las acciones previas acordadas”, explicó el Fondo en un comunicado conjunto firmado por Rodrigo Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Enrique Torres, jefe de misión para El Salvador.
Según el FMI, el Gobierno salvadoreño ha mostrado avances importantes en su programa de reformas. “La mayoría de las metas del programa establecidas para la primera revisión se cumplieron con holgura”, destacaron, y añadieron que los hitos estructurales también están siendo implementados de forma satisfactoria.
El informe señala que, a pesar de un entorno internacional más complejo, la economía salvadoreña continúa creciendo gracias a una mayor confianza interna y al flujo constante de remesas. Las políticas fiscales prudentes y los términos de intercambio favorables han contribuido a reducir tanto la inflación como el déficit en cuenta corriente.
Entre los compromisos asumidos por el Gobierno se encuentra la continuación de la consolidación fiscal mediante recortes en la masa salarial y contención del gasto corriente. También se elaboran reformas al servicio civil y al sistema de pensiones, apoyadas por la próxima entrada en vigor de la Ley de Sostenibilidad Fiscal.
Asimismo, el acuerdo contempla el fortalecimiento de las reservas externas con la acumulación de depósitos en el Banco Central, el aumento de los requisitos de liquidez bancaria y una mayor supervisión del sistema financiero, incluidas las cooperativas.
El acuerdo EFF, aprobado el 26 de febrero de 2025, contempla un acceso total equivalente a 1,033.92 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), unos US$1,400 millones, con un desembolso inicial de DEG 86.16 millones. Otros acreedores oficiales han comprometido alrededor de US$3,500 millones adicionales en financiamiento.
