La pandemia del COVID-19 ha causado que El Salvador, igual que decenas de otras naciones en el mundo, registre una caída en los ingresos estatales. Pero, al mismo tiempo, la misma emergencia sanitaria llevó a un incremento en los gastos: bonos para los hogares, paquetes alimentarios, medicamentos, y obra pública.
Frente la necesidad de respaldar estos gastos, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha diseñado una estrategia de financiamiento con recursos externos; pero además, ha puesto en marcha el Plan Antievasión, para combatir las prácticas con las que algunos contribuyentes evitan cumplir con su responsabilidad ante el fisco.
Hasta el jueves 3 de septiembre, el Plan Antievasión ha permitido llevar 38 casos a la Fiscalía General de la República (FGR), por un monto estimado en $27 millones, que corresponde con los impuestos y contribuciones que no se reportaron al Estado.
En la más reciente jornada, el Ministerio de Hacienda presentó dos nuevos casos: una empresa y una alcaldía, que en conjunto dejaron de reportar $177,000, según las investigaciones internas de la institución. La alcaldía, que no se puede especificar por motivos legales, retuvo el Impuesto Sobre la Renta a sus empleados, pero no hizo la transferencia al fisco. Por tanto, la sospecha cae por apropiación indebida.
“No hay peor evasor que quien le roba a sus empleados”, dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Junto al viceministro de Ingresos, Douglas Rodríguez, acudieron a la sede fiscal para presentar la documentación que servirá para comenzar la investigación de estos dos casos.
Los diputados del bloque ARENA y FMLN han insistido en dirigir fondos de los préstamos para las alcaldías, casi por una tercera parte. Sin embargo, después no aprueban los préstamos, no les piden rendición de cuentas y esos recursos quedan entrampados en el Banco Central de Reserva. Al final, el Gobierno queda sin fuente de ingresos para mantener los programas en marcha, en especial durante la pandemia. Luchar contra los delitos fiscales ha sido una de las opciones para procurar que aumenten los fondos disponibles.
“Tenemos una obligación constitucional de dar soluciones. Tenemos muchísimas necesidades para seguir atendiendo la emergencia, tanto la sanitaria como la económica”, manifestó el ministro Zelaya.
“Los diputados creen que no estamos en emergencia y así la hemos pasado toda la pandemia”, lamentó el funcionario. “Esos fondos no son de ustedes, ni son míos: son del pueblo salvadoreño. Hay que dárselos a ellos, que son quienes los necesitan. (Diputados) tienen la oportunidad de reivindicarse con nuestra gente: háganlo”, insistió.
El Presidente Bukele ha hecho el llamado público a los legisladores para que liberen los préstamos que siguen esperando votación en la Asamblea. Ya pasaron 34 días desde que se ratificó el préstamo más urgente, por $250 millones, aunque en realidad son $954 millones el total de recursos pendientes. El equipo del gobernante ya está listo para que, cuando esté desbloqueado ese dinero, comiencen a ejecutarse las actividades.
