Los obstáculos que colocó la oposición política de la legislatura pasada (2018-2021) para dificultar la gestión de los recursos del Gobierno a favor de los salvadoreños, han sido superados de manera progresiva con el apoyo de los nuevos diputados que están trabajando en beneficio de la población.
El Gobierno ha logrado arreglar las distorsiones, que hizo el bloque opositor anterior, a las estrategias de financiamiento, algo que sucedió a diciembre de 2020 en el contexto de la aprobación del Presupuesto General de Nación para este año.
Con los cambios arbitrarios que se hicieron en ese momento, los ex legisladores atentaron contra el artículo 226 de la Constitución de la República, porque invadieron las funciones que tiene el órgano Ejecutivo para establecer el equilibrio presupuestario.
En la sesión plenaria del pasado martes, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron con 64 votos las reformas a los decretos 608 y 804, tras darle trámite a las iniciativas del Ministerio de Hacienda.
Con esto le devuelven al fisco sus facultades constitucionales para gestionar fondos y distribuirlos en actividades de bienestar para la ciudadanía. El primer decreto corresponde a los recursos para la atención a la pandemia y el segundo es el respaldo de los $138.7 millones para cubrir la brecha presupuestaria de este año.
Durante 2019 y 2020, aún con la necesidad de responder ante la pandemia del COVID-19, los anteriores legisladores trataron de ahogar financieramente al Gobierno, con acciones que iban más allá de sus competencias legales en afán político-partidario.
