La fatídica tregua que pactó el primer gobierno del FMLN en 2012 con los principales grupos criminales de nuestro país, conocidos como maras y pandillas; habría incluido una serie de serie de irregularidades en las cárceles entre marzo de 2012 y 2013, como otras prerrogativas hacia estos delincuentes.
En el 2017 el testigo criteriado de la FGR Carlos Eduardo Burgos Nulia, alias Nalo de Las Palmas, quien era un ex líder del Barrio 18 Revolución. El testigo explicó que la negociación entre las pandillas MS-13, Barrio 18 Sureños y Revolucionarios fue una serie de acuerdos que consistió en beneficios para los pandilleros a cambio de una reducción inmediata del número de asesinatos en en nuestro país.
El exlíder de la 18-R enumeró las peticiones de los pandilleros y entre ellas estaban: el traslado de 30 líderes de la 18 y la MS desde el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca hacia penales más con medidas menos estrictas. Esta petición fue cumplida el 8 de marzo de 2012. Luego de esto, los homicidios bajaron a 254; un promedio de 8.4 diarios. Los siguientes meses, el promedio bajó a 5, e incluso hubo días con cero homicidios.
Nalo y otros testigos aseguraron que este “pacto” fue autorizado por el entonces ministro David Munguía Payés, quien fue nombrado como ministro de Justicia y Seguridad por el expresidente Funes. Munguía Payés, quien también declaró en el juicio de la tregua, pero como testigo aportado por la Defensa, aceptó que la idea de la tregua se gestó en su despacho.
Este testigo criteriado mencionó las diferentes actividades que realizaba el gobierno del FMLN para beneficiarlos y que la tregua se mantuviera: introducían celulares al penal de Izalco donde líderes de la Pandilla 18 estaban recluidos. Así como también acuerdos de que las autoridades policiales no capturaran a los líderes de las pandillas en las calles.
También durante esta tregua se tuvo un acto de entrega de armas, donde se tuvo la visita del ex secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, con lo cual el FMLN buscaba darle legitimidad a este nefasto proceso que solamente potenció la operatividad delincuencial de estas estructuras criminales, mutaron ampliamente y la extorsión y territorios controlados se acrecentaron considerablemente.
Luego de romperse estos “pactos gubernamentales-delincuenciales” en el 2015 se tuvo un año muy sangriento para nuestro país, llegando a datos alarmantes de 107 asesinatos cada 100 mil habitantes. Y en resumen, los 10 años que gobernó el FMLN con Mauricio Funes y Salvador Sanchez cerén se tuvo alrededor de 40,500 asesinatos.
La semana pasada se hizo efectiva la captura del General Munguían Payes, quien tuvo un papel protagónico en esta tregua, ahora depende de la Fiscalía General de la República (FGR) lograr concretar mediante pruebas si hubo ilícitos que este exfuncionario deba pagar con una respectiva condena.
Recordemos que Raul Mijango quién también participó directamente en este proceso de tregua ya fue condenado en el 2018 a 13 años por el delito de extrosión. La población y la presión mediática de algunos medios de comunicación también piden detenciones de otros exfuncionarios del FMLN vinculados a este ominoso pacto con pandillas.
Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen si hay pruebas incriminatorias para ellos, pero por el momento la detención del General Munguía viene a demostrar que las instituciones en nuestro país están funcionando y que su independencia debe ser siempre respetada, no permitiendo con ello injerencias políticas e ideológicas de ningún tipo.
Esta etapa negra de la seguridad pública de nuestro país está cambiando mucho, el actual gobierno ha logrado disminuir la violencia homicida a niveles históricos. Logrando que El Salvador salga de la lista de países más violentos. El actual ministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas brindó datos interesantes sobre ello: “El Salvador registraba a mediados de 2019, una tasa de 52 homicidios por cada 100 mil habitantes. Con el Plan Control Territorial en solo 6 meses; al cerrar 2019, logramos reducir los homicidios a una tasa de 36 por cada 100 mil habitantes y esperamos cerrar el 2020 con 18” detalló el ministro.
Asimismo, dijo que es importante recalcar que, ciudades históricamente violentas, como Soyapango, Mejicanos, Apopa, Ilopango, Santa Ana y San Martín reflejan disminuciones hasta de un 80% en los homicidios. Esperemos que por el bien de nuestro país, esto sea sostenible en el tiempo y la seguridad pública siga mejorando y trascendiendo a un arquetipo de seguridad ciudadana como lo ha venido haciendo hasta hoy.
Luis Enrique Contreras Reyes
Ciencias Políticas, Organización de Estados Americanos (OEA)
Consultor Político, Universidad de San Marcos, Goberna, PERÚ
Presidente de Consultora PROSEDE (Protección, Seguridad y Defensa)
Especialista en Intervenciones tácticas policiales, RONIN POLICE EE.UU
Experto en Seguridad Ciudadana y Criminología , Tactical Police System Operations,(Costa Rica
