Ministro de Seguridad presenta estructura de financiamiento para el Plan Control Territorial Fase III

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Ministro de Seguridad presenta estructura de financiamiento para el Plan Control Territorial Fase III
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El Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas ha presentado la estrategia de financiamiento para el Plan de Control Territorial Fase III, por un monto de $109 millones.

De acuerdo con el Titular de esa Cartera de Estado la estructura de financiamiento pondera la modernización e innovación del equipamiento de las áreas funcionales de las instituciones directamente relacionadas con la seguridad pública.

25.9 millones serán destinados para el equipo e infraestructura de un moderno Sistema de Vídeovigilancia que incluya: 4,075 cámaras para videovigilancia (PTZ de 360 y fijas para analítica), 750 fibra óptica (km), 89 Drones, 13 Centros de monitoreo San Salvador y Regionales y un nuevo Sistema de analítica de reconocimiento facial.

Se busca invertir 46.9 millones para «Movilidad Estratégica», a través de la adquisición de 166 patrullas (pick up 4×4, doble cabina) y la compra y repotenciación de helicópteros.

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También, 2.6 millones para infraestructura y mobiliario médico, tales como 25 ambulancias debidamente equipadas; 24 mejoramiento de clínicas y Policlínica: incluye readecuación de instalaciones, equipamiento y mobiliario y la adquisición de 18 unidades de transporte (tipo microbús y pick up).

12.9 millones para equipo médico, 10 equipo automatizado de laboratorio; 4 equipos de Rayos X y Ultrasonografías; además de 2,149 insumos de uso médico para clínicas y laboratorios.

17.4 Equipo táctico que comprenda 23,000 uniformes policiales (camisa, pantalón y gorra); 10,000 botas (pares), 6,808 chalecos; 700 accesorios para radio (antenas y baterías); 666 radios portátiles; 352 equipo de resguardo (escudos, cascos y trajes anti explosivos); 572 otro equipo táctico (lámparas, GPS).

Y se busca destinar 3.3 millones para administración, supervisión y auditorías.

De acuerdo con Rogelio Rivas, el objetivo del financiamiento es asegurar los recursos que garanticen las funciones prevención, combate al crimen, rehabilitación y reinserción, en materia de seguridad ciudadana.

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