La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes la reprogramación de la resolución del fallo del Juzgado 8º de Instrucción de San Salvador en el caso conocido como “Saqueo Público”, que involucra a once imputados vinculados a la gestión presidencial de Mauricio Funes. El próximo 26 de julio se conocerá si los señalados del desfalco serán enviados a juicio.
A todos los acusados, exfuncionarios del período del FMLN cuando estaba al frente del poder Ejecutivo, se les señala de participar en la sustracción $351 millones de dólares de las arcas del Estado durante los años 2009 y 2014.
Entre los acusados se encuentran la exprimera Dama Vanda Pignato, el exsecretario de Comunicaciones David Rivas, Juan Carlos Guzmán Berdugo, actual suegro del expresidente Funes, y Miguel Menéndez (Mecafé).
En tanto, el exmandatario que ascendió al poder por parte del FMLN, figura como un imputado ausente, junto a su compañera de vida Ada Michelle Guzmán y su hijo Diego Roberto Funes Cañas.
Según lo relatado por el representante fiscal, durante el quinquenio del expresidente se asignó, vía Presupuesto de la Nación, $80 millones para los cinco años de la segunda administración del FMLN. Sin embargo, los procesados decidieron aumentar esa cantidad más del 300%, es decir, adjudicarse hasta $351 millones de forma irregular entre 2009 y 2014.
“Mueven ese dinero a través de cheques bajo una completa violación de la norma administrativa que establece el manejo de los fondos públicos. La Fiscalía al cierre de esta audiencia se siente convencida de que ha establecido sus pretensiones y de que la resolución va a ser acorde a pasar este caso a juicio”, dijo el delegado de la FGR.
En el caso, el Ministerio Público ha incorporado la declaración de 114 testigos, 2 mil 593 pruebas documentales, 24 resultados de pericias financiero-contables, 21 asistencias jurídicas internacionales y más de 650 asistencias de instituciones públicas y privadas.
A los procesados se les acusa por los delitos de peculado, lavado de dinero y de activos, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales del delito de encubrimiento.
