La tregua que pactó el primer gobierno del FMLN en 2012 habría incluido una serie de irregularidades en las cárceles del país entre marzo de 2012 y 2013, en las que estuvieron involucradas importantes autoridades del gobierno del FMLN. El testigo identificado como Noé en el juicio que se condenó en el 2019 a 400 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de múltiples crímenes, incluyendo terrorismo, homicidios, narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de armas de fuego. Confirmó ante un juez especializado que grabó las reuniones que sostuvieron cuatro dirigentes históricos del partido político FMLN con cabecillas de pandillas durante el proceso conocido como tregua.
Con la información vertida por Noé (testigo criteriado) es que fueron acusados el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de ARENA; y los exministros de Gobernación y Justicia y de Seguridad en los gobiernos del FMLN, Arístides Valencia y Benito Lara, por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, por negociar con grupos terroristas, según la Fiscalía General de la República (FGR). Junto a ellos también fue acusado Paolo Lüers por intermediar y “asesorar” a las pandillas para favorecer al candidato de ARENA, Norman Quijano, en las elecciones de 2014.
Las implicaciones políticas que traería si se comprobase la información antes vertida en contra de estos políticos y exfuncionarios sería de gran afectación negativa para la oposición política. según la ley de proscripción de maras y pandillas aprobada por decreto por la Asamblea Legislativa en el 2010. El art 3. Establece lo siguiente: quedaran inhabilitados de pertenecer a I) partidos políticos, II) Ser candidato a cargo de elección popular o de segundo grado. Entre otras inhabilitaciones.
El art. 7 de dicha ley hace énfasis en que de comprobarse que los titulares o accionistas de una persona jurídica (partido político) colabore, apoye o financie en la alguna actividad ilícita con estructuras criminales; el juez puede emitir la disolución de la persona jurídica y librará oficio a la autoridad competente para que proceda. La judicialización de estos casos seria emblemático para dejar un precedente en nuestro país. Con ello se iría eliminando la abyecta corrupción política y a la vez se seguiría debilitando la operatividad de las maras y pandillas al ya no tener esa oxigenación económica y política que tuvieron en el pasado.
Otra consecuencia que se tendría al concretarse estas judicializaciones es que inevitablemente afectara negativamente a los partidos de oposición ARENA y el FMLN. Su caudal político seguirá en un estrepitoso declive, el cual ya lo confirmaron a inicios de año la UCA, CID-GALLUP y Universidad Francisco Gavidia; en todas estas encuestas se corrobora la pérdida de credibilidad y de apoyo hacia estos dos partidos políticos. Estamos en un año pre electoral y en el 2021 se vienen las elecciones para alcaldes y diputados, con los buenos resultados obtenidos en los primeros siete meses del plan control territorial y que incluso el departamento de EE.UU. disminuyó a nivel 2 gracias al clima de seguridad que vive nuestro país.
Con estos logros se necesita un apoyo real de parte del órgano legislativo, algo que en el presente ha costado muchísimo por el entrampamiento de ARENA y el FMLN. Y de comprobarse su apoyo en el pasado a las maras entenderíamos el porque de tanta objeción de estos partidos políticos para apoyar el plan control territorial. Recordemos que la seguridad pública es la piedra angular de la economía de los países, de ahí la preponderancia de implementar políticas criminales que paulatinamente vayan erradicando este flagelo y el Plan Control Territorial ha tenido buenos resultados con respecto a ello.
Luis Enrique Contreras Reyes
Analista Político
@LuisSaxum
