Con 59 votos la Asamblea Legislativa juramentó al filo de la medianoche a tres nuevos Magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), entidad contralora del Estado encargada de fiscalizar la administración de los recursos públicos, para contribuir a la transparencia y mejora de la gestión gubernamental.
Como primer magistrada fue electa María del Carmen Martínez Barahona, segundo magistrado José Guillermo Bendek Panameño y como presidente a Roberto Antonio Anzora, este último calificado por diversos sectores de la sociedad como un funcionario no probo y con carencia de independencia en su accionar como funcionario.
El ahora presidente de la Corte, Roberto Anzora ha sido señalado por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) por presuntamente facilitar información privilegiada sobre auditorías.
Según Ramón Villalta, director ejecutivo de la ISD, Roberto Anzora debe ser investigado para determinar si cometió los delitos de «tráfico de influencias», y «revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial».
Anzora se ha desempeñado, hasta la fecha, como segundo magistrado de la CCR, quien termina sus funciones el 27 de agosto y asumirá su nuevo cargo el 28 de este mes para un periodo de tres años, al igual que los magistrados Martínez y Bendek.
Sin embargo, diversos sectores sociales consideran que sus demandas ciudadanas no han sido escuchadas, en relación a la solicitud hecha a los parlamentarios, sobre que antes de elegir a nuevos funcionarios verifiquen que no exista vinculación política-partidaria.
