El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, salió solvente de un proceso viciado y carente de legalidad que fue planificado por los diputados de la Asamblea Legislativa para desacreditar el éxito del Plan Control Territorial (PCT). El comisionado fue liberado de cargos tras la resolución del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
Los abogados defensores del director de la PNC, Rodolfo Delgado y Nahum Martínez, consideraron que la resolución emitida por el referido juzgado fue justa y apegada a derecho, debido a que no existían los argumentos necesarios para comprobar la existencia del delito de incumplimiento de deberes.
El juez declaró el sobreseimiento definitivo a favor del jefe policial, al considerar que los legisladores no siguieron el debido proceso para llamar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que compareciera ante una comisión especial.
Los defensores explicaron que la orden que se giró hacia el director de la Policía carecía de legalidad debido a que nunca existió una advertencia de esa instancia; es decir que Arriaza no incurrió en el delito señalado.
Los diputados de la Asamblea Legislativa montaron un proceso de antejuicio, señalado de vicios e irregularidades, debido a que dos diputados de la comisión adelantaron criterio y no fueron recusados.
Este fue un claro intento de bloqueo por parte de un grupo de diputados de oposición hacia la principal estrategia de seguridad pública que ha logrado reducciones históricas en la criminalidad del país.
El director de la Policía destacó que la institución que dirige siempre ha actuado con apego a las leyes y el respeto a los derechos humanos; además, se comprometió a continuar trabajando fuertemente por el bienestar de los salvadoreños por medio del Plan Control Territorial.
Procedimiento en contra de director de la PNC carecía de legalidad y buscaba desmantelar el Plan Control Territorial
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