Nepal atraviesa una de las crisis políticas y sociales más graves de los últimos años. El primer ministro K.P. Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado), presentó este martes su renuncia tras dos días de intensas protestas encabezadas por el movimiento juvenil conocido como «Generación Z».
Las movilizaciones surgieron en rechazo a la corrupción y a la reciente prohibición de acceso a las redes sociales, medida que generó un amplio rechazo ciudadano.
De acuerdo con la prensa local, las manifestaciones han dejado hasta el momento al menos 19 fallecidos y más de 500 personas heridas. Las imágenes difundidas en medios y redes sociales muestran incendios en el Parlamento, la residencia presidencial y sedes judiciales, así como enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En medio de los disturbios, la esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal murió tras quedar atrapada en su vivienda incendiada en Katmandú.
El caos ha paralizado gran parte del país. El aeropuerto internacional de la capital suspendió operaciones y la mayoría de vuelos fueron cancelados. El Ejército de Nepal emitió un comunicado en el que aseguró que mantiene su compromiso de “proteger la soberanía, la unidad nacional y las vidas de los ciudadanos”, al tiempo que pidió a la población “actuar con moderación” para evitar una mayor escalada de violencia.
En su carta de dimisión, Oli señaló que dejaba el cargo “para facilitar una solución política frente a la situación extraordinaria que enfrenta el país”. Sin embargo, su salida no ha reducido la tensión en las calles. La mañana del martes, cientos de manifestantes ingresaron al Parlamento y posteriormente incendiaron la Corte Suprema, sin que el Ejército interviniera para detenerlos.
Las protestas, que comenzaron de manera pacífica en redes sociales con etiquetas como «#NepoBabies», derivaron en enfrentamientos tras la represión de la policía y el ejército. En el transcurso de la crisis, residencias de líderes políticos también fueron atacadas, incluyendo la del ex primer ministro Sher Bahadur Deuba, quien resultó herido. Reportes no confirmados señalan que algunos ministros fueron capturados y agredidos por turbas, mientras un grupo de manifestantes habría tomado armas abandonadas en las inmediaciones del Parlamento.
La gestión gubernamental de la crisis generó fracturas internas. Cinco ministros del gabinete de Oli renunciaron en las últimas 24 horas, en desacuerdo con la represión. Aunque el Ejecutivo intentó apaciguar los disturbios levantando la prohibición a las plataformas digitales, la medida resultó insuficiente frente a la indignación popular.
Otro hecho relevante ocurrió con la liberación de Rabi Lamichhane, líder del partido populista Rastriya Swatantra Party (RSP), quien se encontraba preso por corrupción. Según medios locales, fue sacado de prisión por los manifestantes y rápidamente se posicionó como una de las figuras visibles de las protestas.
La actual crisis recuerda episodios recientes en otros países de Asia, como las movilizaciones de Sri Lanka en 2022, las de Bangladés en 2023 y las protestas en Indonesia registradas a inicios de septiembre. En Nepal, país que consolidó su república democrática en 2008 y promulgó su Constitución en 2015, la situación abre un nuevo capítulo de incertidumbre política e institucional.
