Una poderosa red de Corrupción conformada por exfuncionarios de la administración de Mauricio Funes estaría tras las presiones que sufren diversos operadores del sistema judicial.
La intención principal es dirimir los fallos a favor de «sus clientes» y así evitar continuar con los procesos penales o civiles, según denuncias de algunos afectados. Afirman que los exfuncionarios son ex magistrados y familiares de exfuncionarios muy influyentes en la administración anterior.
En uno de los casos en los que operaría esta red están, el proceso penal que se le sigue a Herberth Osmín Mérida Elías cuando fungió como gerente general de la empresa UNIGAS, quien en el 2013, según la Fiscalía, emitió una serie de pagarés que suman más de $4.3 millones de dólares, a favor de la empresa Servicio de Gas Propano (SEGAPRO S.A. de C.V.), quien era dirigida por el representante legal Mauricio Perdomo Góchez, quien fungía como gobernador del departamento de Ahuachapán, durante la gestión de Mauricio Funes.
Perdomo Góchez renunció a su cargo tras una denuncia del Minsterio de Economía, el cual le confiscó 894 cilindros de gas licuado subsidiado en una propiedad de un familiar.
Mientras que Herbert Osmin Mérida Elías fue extraditado por INTERPOL Guatemala y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades judiciales en la frontera Valle Nuevo, en cantón Las Chinamas de Ahuachapán.
Ahora, el Juzgado de Quezaltepeque tiene abierto el caso en contra de Herberth Osmín Mérida Elías, acusado de simular una deuda por más de $4.3 millones con la complicidad de Edgar Mauricio Perdomo Góchez.
Sin embargo, Luis Antonio Benítez Hidalgo, juez de lo Civil de Quezaltepeque, denunció haber intentado ser sobornado y pidió ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla ser separado de un caso de corrupción que vincula a un exgobernador de Mauricio Funes.
El juez del caso ha pedido abstenerse de conocer el caso porque, según detalló, ha sido cuestionado por el abogado defensor Mario Edgardo Fajardo Silva.
Además, el juzgador considera que cada decisión que adopte, contrario a los intereses del procesado, será cuestionado y eso “no es beneficioso para la buena administración de justicia”.
El juez expuso que una de las partes le ofreció 700 mil dólares para resolver favorablemente. “Eso denota que son capaces de ofrecer cualquier cosa a fin de alcanzar sus objetivos a corto plazo, lo que es perjudicial a la administración de justicia y le causa preocupación respecto de los medios de los que se puede valer para satisfacer sus pretensiones”, escribió.
Sin embargo, la petición le fue denegada. “Declárese no ha lugar la abstención generada por el juez de lo Civil de Quezaltepeque Interino, en consecuencia, continúe dicho funcionamiento conociendo del proceso”, falló la Cámara.
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