Detener la impunidad, evitar la dilatación en los procesos judiciales y regular la temática sobre los imputados declarados en rebeldía son parte de las reformas que se implementarán al Código Procesal Penal, luego de que 66 diputados aprobaran 23 modificaciones a dicha normativa.
Los legisladores discutieron las actualizaciones requeridas para poder continuar brindando herramientas a las instituciones aplicadores de justicia, es decir a la Fiscalía General de la República (FGR), a juzgados y a tribunales.
“Estas reformas al Código Procesal Penal eran más que necesarias. Actualmente, estamos viviendo una guerra en contra de las pandillas y las instituciones necesitan todas las herramientas para combatirlas y proteger a la población”, dijo el parlamentario Eduardo Amaya.
Las modificaciones al código actual (emitido en 1998) incluye la figura de rebeldía (cuando el demandado/imputado no se presenta al proceso). Con ello, se permitirá enjuiciar a prófugos de la justicia salvadoreña declarados en rebeldía y evitar la impunidad.
Por otro lado, las reformas -que consta en agregar incisos, cambiar literales y actualizar la redacción de algunos artículos- van a permitir que los procesos judiciales no se dilaten por renuncias injustificadas de los abogados defensores, pues la Corte Suprema de Justicia (CSJ) interpondrá sanciones a los profesionales del Derecho que ejecuten este tipo de maniobras con las que buscan alargar los casos y dar beneficio a los criminales.
Además, estos cambios tienen por finalidad procurar la efectividad en la investigación de los hechos para la lucha contra la impunidad que demandan las violaciones a los derechos humanos. Además, se tutelarán de manera eficaz los derechos de las víctimas en un justo equilibrio con los del imputado y se potenciará una mayor efectividad de las instituciones de sistema penal.
De acuerdo a los registros de la FGR, en el periodo comprendido del año 2013 al 19 septiembre de 2022 hay 31 mil 652 personas declaradas en rebeldía y muchos son prófugos de la justicia salvadoreña, por lo que en esos casos únicamente la institución solo ha presentado dictámenes de acusación en su contra.
Dentro de estos prófugos hay personas que han cometido delitos relativos a la vida (homicidios), al patrimonio, al sistema constitucional y la paz pública (agrupaciones ilícitas), a la libertad (secuestros), entre otros.
