En opinión de diversos analistas jurídicos, el actual sistema judicial del país es fuente de corrupción. Y señalan que la prueba más clara de ello es que ha sido capaz de dejar en la impunidad casos emblemáticos, como podría suceder en el caso del litigio jurídico entre el Banco Davivienda, en perjuicio del empresario, Antonio Salaverría.
De acuerdo con un decreto emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el Banco Davivienda debe pagar $49 millones 300 mil al empresario salvadoreño, sin embargo, el pago no se ha realizado y la justicia sigue con los brazos cruzados.
Sobre estos hechos los abogados defensores de Antonio Salaverría han realizado todo tipo de diligencias en la búsqueda de hacer prevalecer la justicia y que el pago se haga efectivo.
Este caso, y otros que también han sido del conocimiento de la opinión pública, sugieren la necesidad urgente sobre una depuración del sistema judicial salvadoreño.
Mientras tanto, en el caso Salaverría – Davivienda, los abogados del banco continúan sorteando diversas estrategias que deriven en la dilación al pago al empresario.
Juristas como la abogada Tahnya Pastor, han denunciado este tipo de prácticas que están obstaculizando la debida justicia en El Salvador.
“Uno puede llevar bien armado su caso, pero ¿y si aquel es compadre del juez o ya le pagó?”, cuestionó.
Además, dijo conocer de varios casos de “tarifas” de jueces de Paz, de Instrucción, de Sentencia, de magistrados de Cámara y magistrados de la Sala que han recibido dádivas para favorecer a los que cometen delitos.
