La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas rechaza el nuevo proyecto de ley de reconciliación que los diputados pretenden aprobar este día en sesión plenaria, la cual es considerada como tapadera de la impunidad a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armando.
Comunicado de la UCA:
Al igual que otros defensores de derechos humanos, y en solidaridad con las víctimas del conflicto armado, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas rechaza el nuevo proyecto de ley de reconciliación que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa pretende aprobar en tiempo récord. A pesar de que la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía fue dictada en julio de 2016, la Asamblea Legislativa se tomó casi dos años antes de empezar a cumplir con su obligación de redactar una ley con estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos.
A continuación, las razones que mueven a la Universidad a rechazar el proyecto de ley.
- Fue
elaborado por una comisión ad hoc integrada, en su
mayoría, por legisladores con un claro conflicto de intereses por estar
vinculados a las partes que durante la guerra civil cometieron graves
violaciones a derechos humanos o por haber sido señalados por la Comisión
de la Verdad por participar en delitos.
- No
cumple el mandato de la sentencia de inconstitucionalidad en lo referente
al derecho a la justicia, anulando prácticamente la sanción penal y
limitando así el derecho a la verdad sobre los graves crímenes cometidos
contra población civil. En su elaboración, no se ha tenido en cuenta la
posición de las víctimas ni los cuatro elementos fundamentales para un
verdadero proceso de reconciliación: verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición.
- Al
aplicar beneficios a los autores de crímenes de lesa humanidad y de
guerra, incumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional y los
estándares internacionales de derechos humanos. Según el documento, nadie
podrá ser privado de libertad por orden administrativa ni judicial; en
ningún caso procederá la prisión preventiva ni la prisión formal tras una
condena por este tipo de crímenes graves, con lo cual se anula la aplicación
de la justicia penal a la que hace referencia la Sala de lo Constitucional
en su sentencia. Los jueces que apliquen la ley deberán suspender, en
todos los casos, las penas de prisión y sustituirlas, sin excepción, por
“trabajos de utilidad pública”, cuya índole quedará sujeta a su criterio.
- Limita
gravemente los derechos de las víctimas al otorgar un plazo de solo cinco
meses para que la Fiscalía General de la República elabore un listado
único de casos a investigar; así, la Fiscalía podría dejar fuera casos
propuestos por las víctimas o por sus representantes. Y tergiversa el
sistema jurídico al definir un plazo de diez días para apelar las
decisiones de la Fiscalía ante la Sala de lo Constitucional. Además,
contradice el principio de imprescriptibilidad cuando afirma que “la
investigación y juzgamiento tiene vigencia limitada en el tiempo”. Y
desprecia a las víctimas, en su mayoría de escasos recursos y residentes
en zonas alejadas de la capital, cuando estipula que todos los casos
seleccionados por la Fiscalía serán juzgados en San Salvador.
- Protege
a los autores intelectuales de graves crímenes al decir que solo podrán
ser juzgados quienes hayan participado directamente en los mismos. Y al
eliminar la extradición pasiva, impide la justicia internacional en el
caso de que la justicia no funcione en El Salvador.
- Hace depender la reparación a las víctimas de las “posibilidades financieras del Estado”, dándole a este, con esa condicionalidad, la posibilidad de incumplir ese deber. Además, la responsabilidad civil del victimario pierde sentido al establecerse que solo podrá equivaler como máximo el 20% de su patrimonio líquido, sin tener en cuenta el daño infligido. Esto cuando es costumbre que los victimarios o delincuentes recurran a diversos mecanismos para llegar sin patrimonio líquido a un juicio en su contra.
Ante estos elementos, la UCA rechaza un proyecto de ley de reconciliación que desprecia a las víctimas y sus familiares, constituye una burla a la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ofende a la justicia, a la democracia y a la sociedad salvadoreña. La ley propuesta equivale a una amnistía amplia, absoluta e incondicional que prolonga la impunidad de los autores materiales de atrocidades contra los derechos humanos, y blinda a los autores intelectuales y a la cadena de mando, impidiendo que se les lleve ante la justicia.
El reconocimiento de la verdad y la aplicación de justicia son elementos indispensables para una paz y una reconciliación verdaderas. La reconciliación no se impone por decreto; solo llega a través de decisiones y normas coherentes con la verdad y la justicia. El proyecto de ley de reconciliación, al garantizar la impunidad de los más graves crímenes de la guerra, entra a formar parte del círculo vicioso de la violencia. Una ley que honestamente busque facilitar la reconciliación nacional debe tener en el centro a las víctimas y su derecho a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ofrecer garantías de impunidad a los responsables de gravísimos delitos es ponerse del lado de criminales.
