Según datos de la memoria de labores de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el año pasado los montos observados o de condenas contenidos en las auditorías, juicios de cuentas y procesos en segunda instancia disminuyeron significativamente debido a la pandemia del COVID-19.
Las estadísticas detallan que de 2019 a 2020, el monto de los hallazgos observados en auditorías o exámenes bajó en un 50 %, es decir, que pasó de $89.9 millones a $42.4 millones.
La CCR también registra una reducción de condenas emitidas por las cámaras de primera instancia. De $14.4 millones pasó $6.1 millones. También, disminuyó considerablemente el monto total de las condenas emitidas por la Cámara de Segunda Instancia; de $15.7 millones bajó $509,611.
Es importante destacar que, los montos condenatorios u observados en las diferentes instancias del ente contralor pueden conllevar a una responsabilidad administrativa o patrimoniales que han tenido los funcionarios públicos.
Los datos de la CCR revelan que, durante el último año, las cámaras de primera instancia reportaron que funcionarios públicos pagaron $665,528 por las responsabilidades patrimoniales o administrativas de las que fueron señalados.
Además, el año pasado, las cámaras de primera instancia confirmó responsabilidades por un total de $6,176,857.82; pero también absolvieron casos por un monto de $6,988,152.
Solo la Cámara de Segunda Instancia emitió un total de condenas que sumaron $509,611 durante 2020. Esta Cámara además estudió 1,512 recursos, de los cuales 1,301 fueron apelación y 211 de revisión. Del monto total de condenas, $483,517.94, corresponde a recursos de apelación y $26,093.73 a recursos de revisión.
Son siete cámaras que administraron 622 expedientes, pero solo lograron emitir 155 sentencias. El mayor monto condenatorio fue reportado por la cámara cuarta de primera instancia, con $2 millones, y la tercera, con $1.4 millones.
